La Ley de Servicios Profesionales encarecerá los procedimientos judiciales

El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, que agrupa a los Colegios de Alicante, Castellón, Elche y Valencia, se ha vuelto a concentrar hoy en las sedes judiciales para denunciar el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Los procuradores denuncian que el Anteproyecto no responde a las necesidades del sistema judicial español, y que se ha redactado teniendo en cuenta únicamente una mal denominada liberalización económica en la que está empeñado el Ministro de Economía, Luis de Guindos.

Sin embargo, para aplicar la homologación entre procuradores y abogados, sería necesario dar acceso al sistema Lex-Net de notificación electrónica a todos los nuevos usuarios, que podrían llegar a ser 130.000, frente a los actuales 8.000 que están dados de alta. La implantación del sistema Lex-Net ha costado casi diez años de implantar, además de fuertes inversiones tecnológicas por parte de los colegios de procuradores y de la Administración de Justicia, sin olvidar el tiempo dedicado a la formación de los procuradores en su utilización. En estos momentos, todo el sistema de notificaciones, sean electrónicas o en papel, tienen un coste cero para la administración y para los ciudadanos, ya que son los colegios de procuradores quienes atienden y soportan el sistema.

El Consejo Valenciano de Procuradores calcula que costaría más de 150 millones de euros la inversión tecnológica necesaria y la formación para incorporar a 130.000 nuevos usuarios, además del tiempo necesario para su implantación, que no bajaría de otros diez años como mínimo. De hecho, todavía hay 2.000 procuradores en Madrid no incorporados por falta de capacidad en los servidores.

Dada la situación económica general, y las evidentes carencias en dotación del sistema judicial en su conjunto, el Consejo Valenciano considera que no es viable destinar ese dinero a una supuesta liberalización que no aporta nada nuevo a la mejora del sistema y que, por el contrario, supondrá una paralización de la Justicia mientras dure su aplicación. Por otra parte, el Ministerio de Justicia no se ha pronunciado en torno a la Ley, ni ha explicado cómo y quién se hará cargo de los costes añadidos.

Por lo tanto, los procuradores reclaman que el dinero necesario para la aplicación de la Ley se destine a incrementar el ritmo de la modernización de la Justicia, o bien a eliminar las tasas judiciales, que alejan a los ciudadanos de un derecho fundamental.