CSI•F denuncia nuevos retrasos en el abono de las nóminas de los vigilantes de los juzgados de la Comunidad Valenciana
El sindicato CSI·F quiere denunciar que la empresa CECA seguridad, encargada de la seguridad en juzgados de la Comunidad Valenciana, no ha hecho efectivo el pago de las nominas de mayo y junio a sus trabajadores, así como tampoco la paga extraordinaria. Junto a ello, deben también los atrasos del convenio 2012 en cantidades que oscilan entre 300 y 500 euros por trabajador, circunstancias que se extienden en este caso también a los vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en varios hospitales o incluso centros como el depósito de vehículos de Castellón de la Plana.
Debido a ello, la empresa está bordeando constantemente la ilegalidad al tener a los trabajadores sin cobrar un máximo de dos nóminas (la normativa laboral dice que si la deuda es de 3 nóminas el trabajador tiene la posibilidad de denunciar como despido improcedente y por tanto tendrán que ser indemnizados). Unas indemnizaciones que serían de una cuantía muy elevada al llevar los trabajadores muchos años trabajando en la empresa y cotizando por tener mucha antigüedad.
"Desde CSIF queremos poner también en conocimiento de la opinión pública que esta empresa niega todo tipo de documentación a los delegados de personal, vulnerando por tanto lo establecido en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, lo que va en detrimento de los derechos de los mismos. Unos hechos que en reiteradas ocasiones se han denunciado ante la inspección de trabajo", afirman.
Según CSI·F, esta situación está llevando a las familias de los vigilantes afectados a situaciones dramáticas como el hecho de no poder comprar a sus hijos ropa, libros e incluso no poder pagar en septiembre las matrículas de los estudios. De este modo “nos resulta incomprensible que la Conselleria de Justicia siga adjudicando a esta empresa la vigilancia y seguridad de sus edificios”, por lo que desde el sindicato se estudiará jurídicamente si se está incurriendo en algún tipo de ilegalidad penal o administrativa, aseguran.
