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La Unió denuncia que el Plan de Reconversión Citrícola excluye al 60% del sector

    La Unió ha denunciado que el Plan de Reconversión Citrícola excluye a los citricultores valencianos que no están en la actualidad asociados a ninguna Organización de Productores, lo que supone dejar fuera al 60 por ciento de los agricultores del sector.

    Según la organización agraria, la normativa "perjudica a gran parte de los citricultores valencianos al obligarles a suscribir un convenio de comercialización con el mismo comercio privado durante tres años".

    Al respecto, ha explicado que esta condición evidencia un "claro desconocimiento del sector" ya que dependiendo de la campaña los productores no asociados venden a diferentes operadores comerciales o los operadores buscan diferentes proveedores.

    Además, esta exigencia "debilita la posición negociadora del agricultor en favor de los comerciantes privados".

    Las ayudas, que se han publicado hoy en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y se podrán presentar hasta el 31 de enero, son un "calco" del Real Decreto del Ministerio de Medio Rural que se publicó en el BOE el pasado 4 de noviembre.

    El Ministerio debe ahora trasladar a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural la propuesta de reparto del presupuesto disponible entre las comunidades autónomas afectadas.

    Además de la obligación de pertenecer a una Organización de Productores, la concesión de ayudas se limita a un máximo de 18.000 hectáreas en toda España (el 6 por ciento de la producción estatal) hasta el año 2013, pese a que la consellería de Agricultura señaló que la cifra a reconvertir sólo en la Comunitat debería ascender a las 25.000 hectáreas.

    Por otro lado, el 15 por ciento de las ayudas estarán subvencionadas por la Generalitat y el otro 15 por ciento por el Gobierno de España, aunque la cuantía total podrá ampliarse en cinco puntos porcentuales según algunos factores como por ejemplo ser un agricultor joven o estar en una zona desfavorecida.

    Otro aspecto que La Unió ha cuestionado se refiere a la máxima superficie subvencionable que establece la normativa y que según la organización debería reducirse de 18 a 10 hectáreas "para evitar que las grandes explotaciones se lleven la mayor parte del presupuesto así como para incentivar a las pequeñas explotaciones".

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