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El Consell aprueba un convenio que atribuye la competencia para tramitar y resolver recursos en materia contractual al Tribunal Administrativo Central

  • La medida permite un ahorro a la Generalitat que supera los 300.000 euros anuales

  • Se hace efectivo el derecho de licitadores y contratistas de disponer de un recurso eficaz y rápido ante cualquier posible infracción del ordenamiento jurídico en materia de contratación pública

El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ministerio de Hacienda y Administración Pública por el que se le atribuye la competencia para tramitar y resolver recursos especiales en materia contractual al Tribunal Administrativo Central de Recursos, adscrito al citado Ministerio.

Asimismo, la resolución de los recursos presentados en el ámbito de la Generalitat, de las corporaciones locales y del sector público dependiente de ambas, será competencia del mismo órgano al que correspondan los de su comunidad, en este caso se atribuye también al Tribunal Administrativo Central de Recursos.

La Generalitat ha elegido la opción de atribuir la competencia al Tribunal Administrativo por razones de economía presupuestaria y de aprovechamiento de los recursos ya existentes en la Administración General del Estado al tratarse de un órgano especializado, lo que supone un ahorro a la Generalitat de al menos 300.000 euros anuales, en comparación con el coste de crear un tribunal propio.

De esta forma, se hace efectivo el derecho de licitadores y contratistas de disponer de un recurso eficaz y rápido ante cualquier posible infracción del ordenamiento jurídico en materia de contratación pública, cometida por los órganos de contratación de las administraciones públicas valencianas y su sector público, en aquellos procedimientos de adjudicación de sus principales contratos públicos.

El convenio estipula a su vez las condiciones en que la Comunitat sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias por parte del Estado.

En este caso, la compensación por la asunción por el Tribunal de la competencia para resolver recursos y cuestiones de nulidad interpuestos, la Generalitat abonará al Ministerio de Hacienda una cantidad fija anual de 20.000 euros. Asimismo, se incluye una cantidad adicional de 350 euros por recurso resuelto, a partir de un número mínimo de 40 recursos.

El convenio suscrito tiene una vigencia de tres años prorrogables por un periodo idéntico. Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha suscrito este tipo de convenio con las comunidades de Extremadura, La Rioja, Melilla, Castilla-La Mancha, Murcia, Cantabria y Baleares.

En el ámbito de las comunidades autónomas, así como en el de los órganos competentes de sus asambleas legislativas y de las instituciones análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, la competencia para resolver este tipo de recursos es establecida por sus normas respectivas, de manera que es posible la creación de un órgano independiente. A su vez, se ofrece la posibilidad de atribuir la competencia al Tribunal Administrativo de la Administración General del Estado, opción elegida por la Generalitat a través de este convenio.

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