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LA UNIÓ señala que este año que acaba viene marcado por los más de 120 millones que adeuda la Generalitat a los agricultores y ganaderos valencianos

  • También por la entrada en vigor del Acuerdo entre la UE y Marruecos que resultará muy perjudicial para nuestros intereseses

  • Nuevas oleadas de robos y excesivos márgenes comerciales, así como el cambio en la titularidad de la Conselleria de Agricultura, son otros de los hechos del año

  • Destacar así mismo la puesta en marcha por parte de LA UNIÓ de su proyecto puntdesabor.com para el cultivo, venta y distribución de frutas y verduras ecológicas y otros productos de proximidad

La deuda que la Generalitat tiene contraída con los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, más de 120 millones de euros en concepto de ayudas, es uno de los hecho más destacados del lado negativo por lo que se refiere al balance agrario de este año efectuado por LA UNIÓ de Llauradors. Esta cantidad se suma a la que tienen otros organismos del sector y que afectan a sus socios o miembros que en muchos casos son también agricultores (comunidades de regantes, consejos reguladores, empresas agroalimentarias, entidades vinculadas al desarrollo rural, etc.,), lo que eleva la cifra a más de 300 millones de euros, en algunos casos pendiente desde el año 2010.

LA UNIÓ ha sido la única organización profesional agraria valenciana que ha salido a la calle periódicamente para reclamar el pago de las ayudas a lo largo de todo el año. Desde la manifestación general celebrada por los recortes en febrero, numerosos han sido los actos de protesta: en marzo por las calles de Utiel, concentraciones en la Conselleria de Agricultura y Oficinas Comarcales de la Conselleria de muchas comarcas durante los meses de junio y julio, actos de protesta en Castellón y la comarca de la Plana Baixa en junio y julio, encierro de la Comisión Ejecutiva en noviembre dentro de la Conselleria de Agricultura o concentración de arroceros en diciembre en la pedanía de El Palmar. También alertó LA UNIÓ a través de una campaña sobre la prescripción de las ayudas a los cuatro años y la adopción de medidas para impedirlo.

Otro hecho relevante del año que finaliza es la entrada en vigor en octubre del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos que provocará graves perjuicios para los productores hortofrutícolas valencianos, ya que aumenta el volumen de algunos productos marroquíes para comercializar en la UE y se asegura el libre comercio en todos los no catalogados como sensibles, sin compensaciones para los agricultores valencianos. Este Acuerdo se puede traducir a medio plazo en la pérdida de casi 700.000 jornales, el posible abandono de 15.000 hectáreas de cultivo y la pérdida directa por la competencia de unos 200 millones de euros. El progresivo incremento de las importaciones hace que la preferencia comunitaria sea una mera anécdota.

Los diferentes productos agrícolas y ganaderos han proseguido en 2012 su crisis de precios en origen mientras en destino los consumidores pagan cantidades muy elevadas por los mismos, sin que las Administraciones competentes hagan nada por evitarlo. En la actualidad los agricultores y ganaderos valencianos perciben los mismos precios por sus productos que hace más de veinte años. Pese al descenso de los precios en origen para los agricultores y ganaderos, los costes de producción siguen al alza y así cada vez se paga más por el gasóleo, la luz, los piensos, los fitosanitarios y abonos, el agua, etc.

La dejadez y falta de respuesta por parte de la Generalitat para contrarrestar la plaga de conejos o de fauna salvaje ha sido así mismo palpable, situación que motivó una concentración de LA UNIÓ ante la Conselleria de Medio Ambiente en el mes de marzo. También hay que reflejar la falta de respuesta ante la sucesión de adversidades climatológicas pues de las promesas iniciales se pasa a hechos que tardan mucho en concretarse o ni tan siquiera eso. Una prueba de lo anterior es que no haya habido ayudas por las heladas de febrero, a pesar que Agroseguro cuantificó las pérdidas en unos 145 millones de euros, que se elevan a los 200 según LA UNIÓ si sumamos todas las producciones afectadas con y sin seguro.

Resaltar así mismo la tímida respuesta ante los devastadores incendios que afectaron en julio a numerosas comarcas de la provincia de Valencia y Castellón, con escasas ayudas para los afectados y donde por primera vez se traspasa la gestión a los ayuntamientos. En el apartado positivo hay que reflejar la sensibilidad de la Administración para poder efectuar las labores del pastoreo en las zonas siniestradas.

Han sido así mismo continuos los robos de cosechas, animales (con una oleada importante en granjas de porcino) y herramientas o maquinaria esenciales para la actividad agraria como por ejemplo los que se suceden en los pozos de riego. Relacionado con lo anterior está la subida de las tasas judiciales que provocará que los agricultores y ganaderos desistan de emprender acciones judiciales en caso de impago en la venta de sus cosechas o su ganado y beneficiará directamente a aquellas personas o empresas que dejen de pagar las mismas.

Otro aspecto relevante es el recorte en las partidas presupuestarias destinadas al sector agrario tanto por parte del Gobierno central como autonómico o las fuertes subidas catastrales en algunos municipios, recurridas en algunos casos por parte de LA UNIÓ que finalmente fueron minoradas gracias a sus alegaciones.

Un aspecto a destacar del año que concluye es la puesta en marcha del proyecto puntdesabor por parte de LA UNIÓ; dedicado al cultivo, venta y distribución de frutas y verduras ecológicas y de proximidad. La primera piedra del mismo es la apertura de una tienda en el centro de Valencia que ha recibido numerosos elogios y un premio de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

Un logro importante de LA UNIÓ es que el consumo de agua de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana quede exento del pago del canon de saneamiento como hasta ahora sucedía, lo que ahorrará una buena cantidad de dinero a los maltrechos bolsillos de numerosos ganaderos valencianos. Junto a ello lleva a cabo una intensa campaña informativa para adecuar las granjas a las exigencias de la normativa sobre bienestar animal que entrarán en vigor a principio de 2013.

El cambio casi a final de año en la titularidad de la Conselleria de Agricultura de Maritina Hernández por José Ciscar, con un mayor peso político que la anterior, hace albergar esperanzas de un cambio en la agilización del cobro de las ayudas y en las políticas a aplicar en el sector agrario valenciano. Las diferentes mesas de negociación establecidas por Hernández para aplicar medidas correctoras en el campo valenciano no han tenido continuidad ni ninguna aplicación efectiva. De todas formas escarmentados los agricultores de promesas incumplidas, habrá que ver en la realidad cómo evoluciona

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