El Consell aprueba el anteproyecto de ley de participación y colaboración institucional de los agentes económicos y sociales
El pleno del Consell, a propuesta de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, ha aprobado el anteproyecto de ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas de la Comunitat Valenciana cuyo objetivo es su regulación general.
Asimismo, se ha acordado seguir con la tramitación del texto, y en consecuencia, solicitar el dictamen al Consejo Económico y Social, y al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana, para su posterior aprobación definitiva con la incorporación de las aportaciones de ambas instituciones.
El anteproyecto de ley está orientado a dinamizar la actividad y responsabilidad de los agentes económicos y sociales, tanto en términos de participación en los órganos y entidades públicas de su ámbito de aplicación como en lo referente a incentivos de la acción social proactiva, socialmente comprometida, con resultados tangibles y transparentes para la sociedad.
Así, regulará la determinación de los ámbitos y órganos de participación, el desarrollo de sistemas que garanticen la participación de los agentes económicos y sociales en función de los distintos grados de representatividad, asegurando el principio de no discriminación entre organizaciones.
De igual manera, el nuevo texto legal prevé crear un único sistema de ayudas públicas a los agentes económicos y sociales para facilitarles el desarrollo de las funciones de participación previstas en el anteproyecto de ley.
En cuanto a la participación institucional, centra la intervención y representación de estas organizaciones en los órganos y entidades de la Generalitat con competencias en materia laboral, social, económica e industrial cuya actividad afecte a los intereses económicos y sociales de los trabajadores y del empresariado.
Por su parte, la colaboración institucional la vincula al desarrollo, por parte de dichas organizaciones, de actividades e iniciativas de interés general, siempre que se lleven a cabo conjuntamente con la Generalitat, o que, cuando se realicen autónomamente, posean objetivos que tiendan al cumplimiento de fines de interés público coincidentes con las políticas desarrolladas por la Administración autonómica.
En cuanto a la financiación se impulsa un nuevo sistema de ayudas. Por una parte, se les reconoce a las organizaciones sindicales y a las asociaciones empresariales el derecho a percibir una compensación económica por su participación institucional que se distribuirá entre las mismas en función de su representatividad.
En este sentido, se establece un fijo ligado a cuestiones de representatividad y a la participación institucional, en torno al 30% de la de la aportación económica de la Generalitat,
Por otra parte, para el 70% restante, se establece un procedimiento de concesión de subvenciones ligado a la colaboración institucional que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva atendiendo a los siguientes criterios: empleabilidad; igualdad de género en el trabajo; conciliación de la vida familiar y laboral; integración laboral y social de personas con discapacidad o inmigrantes, y otros factores que enriquecen no solo el ámbito laboral y empresarial, sino también el conjunto de la sociedad.
Una de las apuestas de esta nueva ley es que, para la concesión de este 70%, uno de los criterios preferentes será la inserción laboral de los desempleados que participen en los programas que desarrollen estas organizaciones en materia de empleo.
