Ponce: "Medio Ambiente obliga a sus agentes a compartir vehículos para reducir la flota"
Compromís denuncia que extensas áreas forestales se quedan sin vigilancia jornadas enteras
En un verano aterrador a causa de los grandes incendios forestales, los agentes medioambientales de la Generalitat han recibido la orden de compartir los vehículos con los que patrullan a medida que las averías que sufren se hacen irreparables –la antigüedad media de la flota de vehículos propios es de 15 años-, o vencen los contratos de leasing que se mantienen con los proveedores.
En lugar de reponerlos la Generalitat ha optado por retirarlos de la circulación y obliga a los agentes a compartir los que se mantienen operativos. De este modo, al quedarse sin vehículo el agente que vigilaba un área determinada, se sube al del compañero que aún dispone del suyo y juntos se van a patrullar la zona asignada a este, dejando sin vigilancia durante el turno de trabajo toda el área que cubría el primero.
Así lo ha denunciado el diputado verde de Compromís, Juan Ponce, quien puso de relieve que “mientras a los funcionarios públicos que son clave en la preservación de la natura se les niega una herramienta esencial para cumplir su trabajo, vemos atónitos cómo el grupo Vaersa, una entidad semipública y bastante turbia, o Imelsa, dependiente de otro ente fantasmal como es la diputación, disponen d auténticos cochazos recién matriculados”.
De hecho, la Generalitat gastó 2’4 millones de euros en 2010 –ya metidos de lleno en la crisis- para adquirir 115 vehículos para Vaersa, con fondos que se restaron de la contratación de personal de vigilancia forestal.
Para Ponce, esta limitación impuesta por los políticos del PP a la capacidad de movimientos de los agentes medioambientales es un insulto a ellos “y una burla a la opinión pública cuando tras cada incendio forestal aparece el conseller de Gobernación alardeando del modelo de no prevención y no extinción de incendios que se ha inventado”.
Para el diputado verde, el asunto de los vehículos es solo “uno más en la tenaz estrategia de ninguneo que los dos consellers responsables de la política de prevención forestal valenciana, Serafín Castellano e Isabel Bonig, aplican al cuerpo de agentes medioambientales”.
Y según Ponce, esto es así por una razón: los agentes forman parte de un cuerpo con capacidad inspectora y rango de policía judicial, por lo que su trabajo de vigilancia choca frontalmente con los intereses políticos del PP, tan estrechamente relacionados con el urbanismo, las grandes infraestructuras y “un concepto medieval de la propiedad privada que no coincide con las leyes vigentes, que son las que defienden los agentes medioambientales”.
