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Compromís exige la creación de un Comité de Expertos para evitar catástrofes medioambientales como las de Andilla y Cortes de Pallás

20/07/2012 | elperiodic.com  
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El diputado de Compromís, Juan Ponce, insiste en la creación de un Comité de Expertos encargado de establecer criterios de gestión medioambiental y de residuos forestales y para que asesoren en prevención de incendios para evitar las catástrofes como las ocurridas en de Andilla y Cortes.

Ponce ha denunciado como “la falta de planificación en el ámbito forestal y rural, sumada a los recortes del Consell, están acabando con nuestro patrimonio natural. Por si no fuera poco, el Consell continúa en su línea de falta total de ética y permite que empresas privadas exploten la zona arrasada llevándose la madera”.

“Esa incompetencia manifiesta hace necesaria la creación de un consejo asesor medioambiental que indique las medidas, que regule el aprovechamiento ordenado de las palabras y que haga compatibles criterios naturales con el aprovechamiento social”, según el diputado ecologista de la Coalició Compromís.

De hecho, Compromís ya ha presentado en dos ocasiones una proposición no de ley que modifique la legislación actual, demasiado laxa, para que nadie pueda rentabilizar los incendios. “Es intolerable que se pueda hacer negocio de la catástrofe medioambiental que hemos sufrido, por eso proponemos que se modifique la ley para que se suspenda cualquier aprovechamiento de madera procedente de las zonas forestales afectadas por los incendios por un periodo de 5 años” ha declarado Ponce.

El diputado de Compromís ha manifestado que “los incendios eran perfectamente evitables si hubieran creado un Consejo de Expertos en la materia y con verdaderas políticas de prevención. Las condiciones climáticas que han propiciado los incendios son las mismas cada año, y, por lo tanto esto no es excusa.”

Prácticamente toda la legislación en materia medioambiental es ineficiente. Tanto es así que en 2007 el Tribunal Superior de Justicia anuló el Plan de Ordenación Forestal que había aprobado el gobierno valenciano en 2004 porque era contrario a derecho. Además, ni siquiera lo se cumple el Plan Especial frente a Incendios Forestales (PEIF) que no está dotado económicamente, por lo tanto, los montes valencianos no cuentan con toda la protección que establece la ley forestal del año 1993.

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