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CSI•F pide a Conselleria de Justicia que medie ante el Ministerio para retrasar la ley del Registro Civil

06/07/2012 | elperiodic.com  
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• La nueva normativa sustituye los registros de los partidos por oficinas generales que obligarán a los ciudadanos a desplazarse

El sindicato CSI·F ha pedido a Conselleria de Justicia y Bienestar Social que medie ante el Ministerio para que retrase la entrada en vigor de la nueva ley del Registro Civil. Esta normativa prevé la sustitución de los actuales registros por oficinas generales que abarquen áreas de un mínimo de 500.000 habitantes. Esta situación provocará mayores desplazamientos a los ciudadanos y amortización de puestos de empleados públicos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica que la nueva ley, cuya entrada en vigor está prevista para julio de 2014, conlleva la creación de las citadas oficinas generales, la participación de ayuntamientos y juzgados de paz, una variación de sistema informático y otra serie de medidas que requieren de una inversión que, en las actuales circunstancias, no existe certeza de que se haga con garantías.

Por el contrario, supondrá un deterioro del servicio público para el ciudadano. Los 18 registros civiles de la provincia de Valencia, 13 de Alicante y cinco de Castellón quedarían centralizados prácticamente en oficinas provinciales, lo que provocará mayores desplazamientos para realizar cualquier trámite.

Del mismo modo, el sindicato calcula que, en la Comunidad Valenciana, la nueva legislación podría afectar a 200 empleados públicos, ya que se produciría una amortización de dichos puestos, reordenación de efectivos, cese de interinos y menor oferta de empleo.

En esta coyuntura CSI·F ha solicitado a Conselleria que “eleve la petición al Ministerio de Justicia para que se modifique la nueva ley de Registro Civil 20/2011 para no desjudicializar dicho servicio y que, subsidiariamente y en caso de no modificarse esa norma, se demore su entrada en vigor para evitar que las grandes inversiones económicas necesarias no se aborden con garantías. De producirse esto último el servicio público de calidad que defendemos resultaría más perjudicado”.

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