Compromís reclama que la Carta de Derechos Sociales no se reduzca a una declaración de buenas intenciones
El grupo parlamentario Compromís defenderá en el pleno de las Cortes Valencianas del próximo miércoles sus enmiendas al Proyecto de Ley de la Generalitat para el establecimiento de una Carta de Derechos Sociales. Unas enmiendas que amplían y matizan el articulado “para que realmente sea una carta de Derechos Sociales y no se quede en una mera manifestación de buenas intenciones”.
Según ha señalado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “una de las carencias más graves que hemos encontrado en la Carta de Derechos Sociales elaborada por el Consell es que obvia completamente todo aquello que concierne a los derechos económicos y el acceso al mercado de trabajo de los ciudadanos y ciudadanas que están directamente ligados a los derechos sociales y que también tienen que ser garantizados por la Generalitat”.
En ese sentido Compromís plantea una serie de principios y directrices para que la política social y económica que marcan los poderes públicos establezca las medidas necesarias para hacer frente a las situaciones de pobreza y exclusión social. “No sólo se tiene que repartir equitativamente los recursos, también hay que redistribuir la riqueza para evitar desigualdades”.
Para garantizar estos objetivos las enmiendas de Compromís incorporan todo un artículo nuevo sobre la promoción del empleo que plantea, entre otras cuestiones, la introducción, mediante acuerdos entre los agentes sociales, de mecanismos de reparto de empleo basados fundamentalmente en la combinación de la reducción del tiempo de trabajo, la eliminación de horas extraordinarias, la introducción de mecanismos flexibles de organización y la promoción de nuevas contrataciones.
Según Oltra “en la Carta de Derechos Sociales tiene que quedar patente que la administración autonómica valenciana garantiza unos servicios sociales dignos, dotados económicamente y presentes a todos los municipios valencianos, que atiendan las situaciones de exclusión social y prevengan las situaciones de riesgo de exclusión de los habitantes del territorio valenciano. La Carta de Derechos Sociales elaborada por el Consell suaviza las obligaciones de la Generalitat hablando sólo de que tiene que promover, desde Compromís lo hemos enmendado recalcando que la Generalitat tiene que garantizar estos derechos no sólo promoverlos”.
El artículo sobre la protección de las personas mayores ha sido enmendado por Compromís estableciendo que la Generalitat garantizará a las personas mayores que así lo requieran y soliciten una plaza de residencia pública y gratuita, una plaza de centro de día o un recurso de asistencia a domicilio, con el fin de protegerlos adecuadamente y favorecer al máximo su autonomía y dignidad personales.
Otra de las medidas introducidas por la coalición de izquierdas, verde y valencianista es que la Generalitat garantice el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a una vivienda digna. A tal fin pondrá a disposición de la ciudadanía viviendas sociales cuyo coste de alquiler no supere el 25% de la renta disponible de la unidad familiar.
En cuanto a la renta de ciudadanía las enmiendas de Compromís establecen que su cuantía no podrá ser menor del 75% del salario mínimo interprofesional anual, repartido en doce mensualidades, a sumar un 25% para la segunda persona y de un 10% más para cada persona a partir de la tercera.
Otra enmienda cambia el enunciado del Título III y dónde dice “De la defensa integral de la familia”, Compromís propone que se denomine “De la defensa de las familias diversas” y establece que la Generalitat garantizará la defensa integral de las familias independiente de la forma de unidad de convivencia matrimonial o no, del hecho o no de tener descendencia y de los tipos de familia con descendencia: heteroparental, homoparental o monoparental. A la vez se procurará la visibilidad y respecto de todas las formas de familia.
En ese sentido se establece que las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, protegerán especialmente las familias que por sus condiciones económicas, por su composición o para tratarse de colectivos minorizados, pueden sufrir más discriminaciones sociales o tener más dificultades. Así prestarán especial atención a familias monoparentales, familias homoparentals, familias numerosas o reconstituidas.
