Compromís exige al Consell que esclarezca las irregularidades del convenio firmado por el gobierno de Camps con la Campus Party
El Grupo parlamentario Compromís ha denunciado durante la Comisión de Nuevas Tecnologías que ha tenido lugar hoy en Las Cortes Valencianas varios “puntos oscuros” del convenio que firmó en 2007 el gobierno valenciano entonces presidido por Francisco Camps con la Asociación E3 Futura, para la organización de la Campus Party, donde se pasó de los 600.000€ anuales de aportación por parte de la Generalitat a más de 1.300.000€.
Según ha señalado el diputado de Compromís, Fran Ferri, mientras defendía una iniciativa de su grupo sobre este encuentro tecnológico “es sospechoso que el convenio esté firmado con una asociación que se define como no-lucrativa, al tiempo que para el desarrollo de estas jornadas se usaron varias sociedades mercantiles. Así, el titular del registro de participantes no era esta asociación sino una empresa vinculada a los organizadores con el nombre FUTURA NETWORKS S.L mientras que la promotora de algunas actividades dentro de la Campus Party era la empresa FUTURA INTERACTIVA S.L”.
Para Ferry “este entramado societario y el aumento de las aportaciones de la Generalitat nos hace sospechar que realmente existía un ánimo de lucro evidente a expensas del dinero público, más allá de las retribuciones justas por la organización del acontecimiento. El Consell tendría que investigar este convenio y poner luz sobre esta telaraña societaria”.
En cualquier caso, Compromís ha registrado una serie de peticiones de documentación para revisar las facturas de la organización de las diferentes ediciones de la Campus Party.
“Lo que es evidente es que al final por la mala gestión del Consell este año no contaremos con un acontecimiento que vinculaba a Valencia con las nuevas tecnologías” ha afirmado Ferri.
Durante esta comisión el diputado de Compromís ha defendido una propuesta para qué la Generalitat organice un acontecimiento similar centrado en la aplicación de las nuevas tecnologías a la transparencia de las administraciones y la participación ciudadana, que ha sido rechazada con los votos en contra del Partido Popular.
