Toledo: “Fabra sigue sin ejecutar ningún recorte en las empresas públicas que nos cuestan 2,5 millones al día”
El PP vota en contra de una moción que exige que se den de baja, en los presupuestos de 2012, los 121,3 millones que Fabra anunció que se recortarían de las empresas públicas de la Comunitat
El portavoz adjunto del Grupo Socialista en Les Corts, Francisco Toledo, ha denunciado que “mientras el Consell de Fabra sí ha aplicado inmediatamente la reducción de salarios a los trabajadores públicos, la subida de impuestos o los recortes en sanidad y educación, en el sector público sigue sin aplicar el recorte anunciado de 121,3 millones de euros”. Una situación que, según ha explicado, “demuestra que ni el PP, ni Fabra tienen claro cómo aplicar este recorte más que necesario en un sector público-empresarial que nos cuesta a los valencianos y valencianas la friolera de 2,5 millones de euros al día”.
“En las medidas adoptadas por el Consell el 5 de enero se anunciaron recortes en las retribuciones de los trabajadores públicos, subidas de impuestos, recortes en sanidad y recortes en las empresas públicas por importe de 121,3 millones de euros”, ha recordado el diputado socialista. “Por el contrario, ha continuado, en el Decreto-Ley 1/2012 no se recogió el recorte de los 121,3 millones anunciados y que afectarían a las empresas públicas, ni tampoco se han dado de baja en el presupuesto de la Generalitat”.
El diputado socialista ha advertido a Fabra y al Consell que “mientras la Generalitat no se apriete el cinturón en lo mucho prescindible, como son los 2,5 millones de euros al día, o los más de 430 millones de pesetas diarios, que nos cuesta a los valencianos y valencianas mantener las empresas públicas de la Generalitat según el presupuesto aprobado para 2012, seguiremos entre los campeones del paro, la deuda, la morosidad y la pérdida de renta”.
En este sentido Toledo ha denunciado la negativa por parte del PP en Les Corts a detallar “el cómo, dónde, y en cuánto van a afectar esos recortes a las empresas públicas”. Tal y como ha explicado Toledo “las únicas respuestas a las preguntas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista, sobre estos recortes, apuntan a reducciones en las partidas de gastos de personal en un -3,3% y en las partidas de funcionamientos en un -10%”. Lo cual asciende, según ha informado Toledo, a 53.665.200 euros, “tanto sólo un 44% de lo anunciado”, ha matizado.
El diputado socialista ha denunciado que “es evidente que el recorte anunciado no corresponde a un estudio real de la situación de cada empresa pública, ya que aplica el mismo porcentaje de recorte para casi todas, no distinguiendo entre las que prestan servicios básicos a la ciudadanía, que nosotros defendemos, y las que gestionan los caprichos políticos, que rechazamos y que han visto ampliado su presupuesto por Fabra en 40 millones de euros para 2012”.
Para Toledo “la falta de información y oscurantismo del PP y Fabra sobre la aplicación de estos recortes anunciados son un claro ejemplo de otro engaño más del Consell que anunció recortes de 121,3 millones de euros y que a día de hoy ni siquiera tiene cuantificado cómo llevar a cabo este recorte tan necesario para sanear las arcas de la Generalitat”.
El PP ha votado en contra de la moción de los socialistas valencianos que pedía que se den de baja en los presupuestos de la Generalitat para 2012, las cantidades anunciadas de recorte en el sector público empresarial, así como las que corresponden a fundaciones que el Consell acordó suprimir, pero cuya subvención nominativa sigue estando en el presupuesto, lo que para Toledo demuestra que en la restructuración anunciada hay “mucho ruido y pocas nueces”.
Según ha informado Toledo, Fabra sigue sin formalizar la constitución legal y puesta en funcionamiento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana, que “debe de ser la encargada de reestructurar las empresas y fundaciones públicas y que se anunció en septiembre, se aprobó en diciembre con la Ley de Acompañamiento, pero a día de hoy todavía no está activa”.
Toledo ha reclamado que se preserve la actividad de las empresas públicas que prestan servicios básicos a los ciudadanos pero que se disuelvan las que gestionan caprichos políticos, como los grandes eventos, que nos están arruinando.
