Blasco defiende la legalidad de los expedientes de Cooperación y pide “prudencia y responsabilidad”

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Rafael Blasco, ha defendido hoy la legalidad en el proceso de los expedientes de Cooperación, y ha mostrado su “total confianza en el funcionamiento de la justicia, en sus tiempos y procedimientos”, a la vez que ha recordado que la investigación abierta por la justicia está bajo secreto de sumario, “por lo que hay que tener mucha prudencia y responsabilidad”.

Blasco se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, en la que se ha referido ampliamente a las informaciones en torno a la cooperación valenciana. El Síndic popular ha señalado que él no tiene “absolutamente nada que ver con la investigación judicial abierta por el fiscal y el juzgado nº 21 de Valencia”. “Nada. No hay diligencia alguna abierta sobre mi persona ni tampoco imputación alguna, es decir nada de nada.”

El dirigente popular ha recordado que la presunción de inocencia “es un pilar básico de nuestro sistema democrático y quien vulnera la presunción de inocencia no tiene principios democráticos”. Asimismo, ha mostrado su confianza plena “en la profesionalidad, honestidad y responsabilidad de las personas que conozco y dicen que están siendo investigadas”. Además Blasco ha reiterado su voluntad de contribuir a aclarar las cuestiones precisas.

El portavoz popular ha recordado que fue la propia Conselleria de Solidaridad la que puso, por propia iniciativa y sin que mediase ningún requerimiento, a disposición del Fiscal Superior de la Comunitat los expedientes en cuestión “el mismo día en que surgieron las primeras informaciones, en 2010”. Al respecto, ha subrayado que la propia Fiscalía dictaminó la ausencia de conducta penal en personas aforadas (el entonces conseller, hoy portavoz) mediante Decreto emitido el 8 de octubre de 2010. “Aún así, el 14 de octubre de 2010 desde la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía remitió al Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, sin que éste lo hubiera solicitado, una copia de todos los expedientes en cuestión”.

Blasco ha incidido en la política de transparencia que impulsó en la Conselleria “y que ha permitido, sin que haya precedente alguno, que todo aquel interesado en esta cuestión haya podido ver directamente el expediente, desde la primera hasta la última factura”. Así, ha recordado que se pusieron los expedientes a disposición de los medios de comunicación y también de los grupos parlamentarios, así como de ONG. “Los expedientes fueron consultados en la propia Conselleria por los diputados de Compromís, Enric Morera y Mónica Oltra, así como un representante del Grupo No Adscritos. Durante todo este tiempo, en ningún momento la diputada socialista Clara Tirado visitó la Conselleria para recabar dato alguno”, ha añadido.

Convocatorias y adjudicaciones sin impugnación
El Síndic popular también ha subrayado que “ni las convocatorias ni las adjudicaciones de los proyectos de cooperación han sido impugnados ni se ha presentado recurso alguno”, y ha manifestado que siempre se respetó “escrupulosamente la normativa vigente y así lo han certificado las distintas revisiones y auditorias que han realizado órganos independientes como la Sindicatura de Cuentas, la Intervención Delegada u otras firmas de auditorías externas”.

“Todo se hizo, además, siguiendo los estándares que marcan las leyes (Ley General de Subvenciones y su reglamento), y siguiendo unos criterios homogéneos y generalizados al resto de Comunidades Autónomas e incluso por la propia Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores”, ha explicado. Asimismo, ha recordado que la Sindicatura de Cuentas, el 8 de abril de 2011 a petición de Les Corts, y en una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, aprobó por mayoría su informe especial sobre la revisión de estos expedientes de ayudas de cooperación.

Blasco ha defendido el trabajo realizado en Cooperación y ha aclarado que la adjudicación de los proyectos no la realizó el ex-director de Cooperación Josep María Felip, tal y como se ha dicho, sino que la concesión de la subvención a favor de la Fundación CYES “se acordó en 2008 cuando era Directora General de Cooperación la Ilma. Sra. Dª Carmen Dolz Adell, que posteriormente dejó su cargo a petición propia por motivos familiares”.

Blasco ha señalado que tanto Dolz como Pilar Collado “fueron directoras generales ejemplares, además de dos buenas profesionales que conocían perfectamente la materia y tanto en su etapa como en las posteriores todo se ha hecho según la ley”.

Ayudas a Nicaragua
El Síndic popular ha afirmado que las ayudas “sí que llegaron a Nicaragua, y fueron certificadas tanto por las ONG que eran la contraparte local del proyecto en Nicaragua ante notario, la Alcaldía Municipal de Totogalpa, municipio de Nicaragua donde se desarrollaron los proyectos, así como por dos entidades de auditoría independientes: Audihispania Grant Thornton y José Luis Ballester Barrera”.

Además, ha explicado que el ex Subsecretario de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, Alexandre Catalá, sí inició un procedimiento de reintegro -tal y como consta en la pág. 7 del informe de la Sindicatura de Cuentas el 05 de marzo de 2010, donde se notifica la Resolución de 22-02-2010 del Subsecretario de la Conselleria por la que se inicia el procedimiento de reintegro-. “Posteriormente el Subsecretario, tras la documentación presentada, emitió una certificación en la que se admitían y rechazaban los justificantes presentados por la entidad. En esta certificación queda constancia de las facturas aceptadas y de las rechazadas”.

Por otro lado, Blasco también ha recordado que la inmensa mayoría de las organizaciones no gubernamentales –más de 200–, universidades públicas valencianas y las organizaciones multilaterales (UNICEF, Save The Children, UNRWA-ONU…) han tomado una posición activa en defensa del modelo valenciano de cooperación.

Críticas a Alarte
Blasco también ha hecho alusión a la oposición, y se ha mostrado sorprendido de que el Síndic del PSPV, Jorge Alarte, que está imputado, pida su dimisión. “Se retrata perfectamente, hay que tener barra para que un imputado pida la dimisión de alguien que no lo está”, ha manifestado. El portavoz ha indicado que el PSPV y su máximo secretario general “están en una crisis en la que necesitan desviar la atención hacia cuestiones ruidosas que no tienen relevancia para ocultar sus miserias y lo que le va a pasar dentro de unas semanas”.