El Consell impulsa la protección de los Derechos Humanos de 7.000 personas en Ecuador y Colombia
El apoyo de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social permitirá avanzar en la protección de los Derechos Humanos de 6.600 personas de Ecuador y cerca de 300 menores de Colombia. La Generalitat y diversas entidades de cooperación valencianas han emprendido diversos proyectos con el fin específico de que colectivos vulnerables, como la infancia o las personas inmigrantes, vean respetados sus derechos básicos.
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, coincidiendo con el día internacional de los Derechos Humanos, ha afirmado hoy que “la defensa de estos derechos inalienables es un fin imprescindible que persiguen todos los proyectos de cooperación apoyados por el Consell”. No obstante, Cabré ha agregado que “la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran algunos colectivos de países que además se han establecido como prioritarios para la cooperación valenciana, como son Ecuador y Colombia, justifican el apoyo de la Conselleria de Justicia a determinados proyectos que tienen como principal fin la preservación de los Derechos Humanos”.
Por este motivo, la contribución de la conselleria posibilitará la preservación de los derechos básicos de alrededor de 2.750 menores de los dos países sudamericanos. Por un lado, el Consell y Save the children llevan a cabo una iniciativa, en la que también participarán cerca de 150 jóvenes valencianos, para promover la participación del colectivo infantil y juvenil en la sociedad y de este modo lograr que se conviertan en el futuro en agentes de desarrollo de sus propias comunidades.
Para ello, en doce localidades de Ecuador se crearán espacios de participación con el fin de que el colectivo infantil mejore su capacidad de negociación frente a las autoridades públicas, de acuerdo con los mecanismos previstos en la legislación del país.
Por otro lado, junto con la Fundación Tierra de Hombres, Justicia y Bienestar Social sigue apoyando este año una iniciativa para erradicar la explotación sexual de los menores, que ya ha derivado en las primeras condenas por estos delitos a turistas. El proyecto pretende acabar con la impunidad social de los abusos, así como favorecer la denuncia de estos casos y la protección efectiva de las víctimas infantiles a través de la consolidación de una red de oficinas para su atención.
Erradicación de los abusos a menores
Se estima que 300 menores de la costa caribeña de Colombia, de los que tres cuartas partes son niñas, resultarán beneficiados por este programa, en que también se implicará a diversos colectivos del país, como líderes comunitarios, periodistas, policías, trabajadores judiciales, estudiantes y familiares de las víctimas.
Las personas migrantes o aquellas que viven en comunidades con elevados índices de emigración también centrarán las acciones de la Conselleria, puesto que se convierten en colectivos que frecuentemente ven vulnerados los Derechos Humanos.
Por este motivo, la conselleria y la Fundación Iuve han comenzado un plan de acciones en el cantón ecuatoriano de Riobamba, una región que presenta bajos índices de crecimiento económico y una elevada tasa de emigración forzosa, y también en la Comunitat Valenciana orientado a reconocer los derechos humanos de las personas migrantes.
Este plan prevé la formación de 200 familias emigrantes para que conozcan sus derechos y tengan mayores posibilidades de desarrollo, la impartición de 50 talleres de capacitación orientados a la creación de microempresas y al autoempleo, además de la atención psicológica a los hijos de las personas migrantes para mitigar las consecuencias psicológicas del proceso migratorio. Desde Valencia podrá seguirse, a través de videoconferencia, el proceso de capacitación de los derechos humanos migratorios. Además, la Comunitat Valenciana acogerá dos foros en torno a los derechos humanos del colectivo migrante.
Otra de las iniciativas impulsadas por la Generalitat Valenciana en el ámbito de los derechos humanos es el fortalecimiento de una red de entidades integradas por personas migrantes y retornadas. Junto a la asociación Rumiñahui, se estudiarán primero las necesidades de las entidades que aglutinan a estos colectivos para posteriormente fomentar el trabajo en red de las mismas. Se calcula que este proyecto repercutirá sobre unas 1.650 personas integradas en las entidades participantes.
