Signes: “El mérito más importante de la hija de Alperi son las imputaciones de su padre”

El diputado socialista y portavoz de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en Les Corts, Francesc Signes, denuncia que el PPCV siga con su estrategia clientelista que tanto daño ha hecho a esta Comunitat y que, una vez más, se confirma con la noticia del nombramiento por parte de la consellera Bonig de la hija del exalcalde de Alicante, Díaz Alperi, como directora territorial de Urbanismo de la provincia de Alicante. “Hasta el momento lo único que conocemos del currículum de la nueva directora de Urbanismo son las imputaciones de su padre que junto a la actual alcaldesa de Alicante, son el epicentro de las investigaciones del Caso Brugal”, ha denunciado Signes.

De esta forma se ha referido el diputado socialista tras conocer que la Generalitat ha nombrado como directora territorial de Urbanismo en la provincia de Alicante a la hija de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante y al que la policía sitúa, según los informes, en el epicentro de una red de conexiones y contactos cuyo objetivo no era otro que “controlar el urbanismo en la capital de la provincia”, ha señalado el diputado socialista.

“Lo que hemos conocido por la prensa es un ejemplo más del nepotismo que el PPCV ha instalado en un Consell que antepone sus intereses partidistas a las necesidades de los valencianos y valencianas”, ha lamentado. Asimismo, el diputado socialista ha denunciado que si hace unos días conocimos que Sonia Castedo utilizó el bufete de su hermano para la redacción del nuevo planteamiento del PGOU, ahora parece ser que es “Alperi quien parece que quiere tener a su hija cerca”, ha indicado.

En este sentido, Signes ha denunciado que esta forma de actuar demuestra que las vinculaciones familiares dentro del PPCV “funcionan bien para beneficiar a aquellos que tienen ciertos intereses y que saben como agradecer los favores”.

Por otro lado, el diputado socialista ha presentado en Les Corts una iniciativa parlamentaria para “solicitar al Consell la paralización de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, la devolución de todo el expediente al Ayuntamiento, retrotrayendo todas las actuaciones a la fase anterior a la exposición pública”. Signes ha señalado que el objetivo es “evitar que no se retrase indefinidamente su aprobación o que ésta se retrase tanto que paralice el normal desarrollo de Alicante”.