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Los socialistas proponen limitar los sueldos de cargos locales y un estatuto de la oposición que “refuerce la democracia”

  • El coordinador del Comité Electoral Ximo Puig ha asegurado hoy en Elda que “no se pueden tolerar situaciones de marginación como la que sufre la oposición en este municipio y que la alcaldesa cobre más que el presidente del Gobierno”

El coordinador del Comité Electoral, Ximo Puig, ha anunciado hoy que los Socialistas Valencianos van a proponer que la nueva Ley de Gobiernos Locales limite los “sueldos de cargos públicos locales como alcaldes y concejales” y, al mismo tiempo, que “controle el máximo de asesores en los entes municipales”. Además, los socialistas también plantearán la creación de un Estatuto de la Oposición que “permita reforzar la democracia”.

Puig, que ha realizado estas declaraciones en Elda, ha aprovechado para denunciar la situación de “marginación” que sufre el grupo de la oposición en este municipio y ha denunciado que “no se puede tolerar este tipo de excesos económicos y antidemocráticos, ya que, mientras la alcaldesa cobra, entre sus distintos sueldos públicos, más que el presidente del gobierno; se dedica a inhabilitar el derecho democrático que tiene la oposición para fiscalizar su gestión al frente del ayuntamiento”.

Ante esto, el coordinador del Comité Electoral ha destacado que “hay que controlar y limitar los sueldos para que se dejen de producir este tipo de casos” y, además, ha señalado que “es urgente que se eliminen los autoritarismos que son incompatibles con la democracia”.

De hecho, los Socialistas Valencianos defenderán este Estatuto de la Oposición para “devolver a los grupos que no están en el gobierno el derecho que le atribuye la Constitución, es decir, el derecho a ejercer dignamente su trabajo de fiscalización al gobierno”.

Puig ha anunciado que estas medidas se debatirán en la Conferencia Política que se celebrará el próximo 17 de septiembre y ha recordado que estas iniciativas se enmarcan dentro de las planteadas para la reforma de la nueva Ley de Gobierno Locales que pretende sustituir a la vigente. Por eso, ha asegurado que son unos planteamientos “razonables” que “atienden a criterios de proporcionalidad y a la dimensión de la gestión de cada cargo” porque, a su juicio, “se han excedido unos límites que deben controlarse y lo más justo es mediante una baremación de sueldos dependiendo del cargo y una fórmula que limite los excesos autoritarios y defienda el papel de la oposición”.

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