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CSI•F advierte que la supresión de los registros civiles perjudicará la atención a los usuarios

  • La reordenación prevista por el Ministerio de Justicia afectará a 190 empleados públicos en la Comunidad Valenciana

El sindicato CSI•F advierte que la supresión de los registros civiles prevista por el Ministerio de Justicia “vulnerará los derechos de los trabajadores y perjudicará la atención a los usuarios, ya que les dejará sin funcionarios que solventen sus problemas”. Esta reforma, que entrará en vigor dentro de tres años, afecta a los alrededor de los 190 empleados públicos que desarrollan su labor en los 40 registros de la Comunidad Valenciana.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) explica que la nueva Ley de Registro Civil, publicada ya en el BOE, establece un único registro civil electrónico para toda España. Además de la desaparición de los registros civiles actuales contempla la creación de oficinas generales, central y consulares. Los responsables ya no serán jueces, sino funcionario del subgrupo A1 o secretarios judiciales.

Esta reforma producirá, según comenta CSI•F, una serie de perjuicios para los trabajadores, como “amortización de puestos de trabajo, cese de personal interino, reordenación de funcionarios titulares o menor oferta de empleo”. En lo que respecta al usuario, el sindicato lamenta que “resulta absurdo pretender solucionar las quejas de los ciudadanos suprimiendo a los funcionarios que las atienden y solventan”.

CSI•F advierte que “cualquier pretendida vulneración de los derechos individuales, colectivos y retributivos de los funcionarios destinados en dichos centros de trabajo será objeto de enfrentamiento con el Ministerio de Justicia”. El sindicato lamenta que esta reforma conllevará “la pérdida de las oficinas del registro como centro de destino y del estatuto propio de los funcionarios que obtengan destino definitivo en las oficinas generales del registro”.

En la Comunidad Valenciana existen en la actualidad 40 registros civiles. Los más importantes son el de Valencia, con 59 trabajadores; el de Alicante, con 34; y el de Castellón, con 8. En cada uno de los 37 restantes partidos judiciales distribuidos en el territorio autonómico existe un registro civil atendido por entre dos y tres empleados públicos.

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