Cots entrega a los representantes de CERMI el borrador del decreto del Consell de acceso al empleo público de personas con discapacidad
La directora general se ha reunido hoy con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana en la sede de la ONCE
Como ha destacado la directora general, “esta norma supone un impulso del empleo público y un avance en la integración social y laboral de los colectivos con más riesgo de exclusión, entre los que se encuentran las personas con discapacidad”.
“En definitiva, -ha añadido- este Decreto es una apuesta por mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, en especial de los que más lo necesitan”.
La Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV), contiene medidas dirigidas a la integración de las personas con discapacidades, “lo que contribuye a configurar una administración pública más implicada con los colectivos que requieren una dedicación y tratamiento especial y específico”, ha afirmado la directora general.
Asimismo, mediante Resolución de 28 de septiembre de 2010, Les Corts acordaron instar al Consell para que impulsara la elaboración y aprobación de este decreto específico de acceso a la función pública del personal con discapacidad.
La norma que se está elaborando supone un avance de la regulación reglamentaria mediante la introducción de medidas de acción positiva de la discapacidad que favorezcan la igualdad de oportunidades para estos colectivos, sin perjuicio de la igualdad de condiciones de acceso que debe imperar entre las y los candidatos a puestos de trabajo en el sector público.
En este sentido, Cots ha señalado que se trata de un paso más en el camino ya iniciado con la convocatoria 47/08 de acceso al grupo E, sector administración general, por el turno de discapacidad intelectual. Este proceso selectivo supuso el ingreso de 15 nuevas funcionarias y funcionarios en la administración de la Generalitat, siendo la primera Comunidad Autónoma en convocar y concluir pruebas selectivas específicas diferenciadas.
“Es evidente la implicación ciudadana y la responsabilidad social de nuestra comunidad autónoma en lograr que este colectivo acceda al trabajo en entornos normalizados y en actuar en defensa de la promoción de sus derechos.”
Así, con este nuevo proyecto se otorga mayor seguridad jurídica, al aunar todas las medidas en un único texto normativo que facilite y garantice su conocimiento y aplicación a la vez que se realiza una adaptación terminológica.
Como ha destacado la directora general, el Decreto recogerá de forma sistemática las referidas medidas de acción positiva de la discapacidad que afectan tanto al momento de la oferta de empleo público, como a los procesos de selección de personal; a la provisión de puestos de trabajo a través de concurso, a la constitución de bolsas de trabajo y a la formación.
Este primer documento será posteriormente trasladado a las organizaciones sindicales para su preceptiva negociación en las Mesas correspondientes.
