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El Gobierno central envía a la Comunitat un 10% más de inmigrantes ilegales que el año pasado

  • En los primeros cuatro meses de 2011 suman 95 los ilegales remitidos

  • Blasco critica que el Gobierno recorte un 40% el Fondo de Acogida e incremente los envíos de personas que necesitan atención

  • El conseller acusa al Gobierno central de tener el “síndrome del acordeón” con las comunidades autónomas

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha denunciado hoy que el Gobierno de España ha enviado a la Comunitat Valenciana en los cuatro primeros meses del año un 10% más de inmigrantes ilegales que el año pasado durante el mismo periodo. En números absolutos, mientras de enero a abril de 2010 fueron 86 los ilegales enviados a la Comunitat este año han sido 95.

“Resulta sorprendente que por un lado el Gobierno central recorte un 40% del Fondo de Acogida y por otro multiplique los envíos de ilegales que necesitan de la atención que se financia a través de ese fondo”, ha criticado Blasco.

El titular de Solidaridad ha recordado que en los dos últimos años el Gobierno central ha recortado a la Comunitat Valenciana cerca de un 70% de los fondos que garantizan los servicios y la cobertura asistencial que requieren los inmigrantes.

A pesar de este panorama, según ha explicado el conseller, “todos y cada uno de los inmigrantes que nos envía el Gobierno es atendido debidamente, ya que la Generalitat siempre ha cumplido con creces la parte que le corresponde en el problema de la inmigración irregular”. Además, la Generalitat ha continuado impulsando medidas para facilitar la integración de las personas inmigrantes sustentadas en dos pilares que son la Ley Valenciana de Integración de las Personas Inmigrantes y la mayor red de atención de toda Europa formada por 102 Agencias AMICS.

Para Blasco, este es un ejemplo más de la política que practica el Gobierno central con las comunidades autónomas: “Zapatero tiene el síndrome del acordeón con las autonomías. Por un lado, viene reduciendo sistemáticamente su aportación monetaria, es decir, recorta sus responsabilidades como Estado, y por otro lado, incrementa nuestras tareas, cargando sobre los hombros de las comunidades un mayor peso que debemos afrontar con menos recursos”.

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