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El TSJ pone en entredicho la suspensión de la carrera profesional por parte del Consell tras una demanda de CSI•F

  • Según el auto “la administración podría haber actuado sin cobertura legal en cuya caso la actividad administrativa sería ilícita”

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras una demanda presentada por el sindicato CSI•F por vincular la suspensión de la carrera profesional al recorte del cinco por ciento, pone en entredicho la decisión del Consell. En un auto afirma que: “es prudente reconocer que el citado Real Decreto Ley no menciona expresamente la suspensión expresa del acuerdo respecto de la carrera profesional”. El TSJ anticipa que estudiará a fondo el tema para dictaminar si el Consell paralizó la aplicación del acuerdo que afecta a 20.000 empleados públicos “sin fundamento jurídico”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) adujo, en el recurso interpuesto, que el recorte del 5% decidido por el Gobierno Central no está vinculado con la suspensión de la carrera profesional como argumentó el Consell en una mesa general. En este sentido, el pronunciamiento del TSJ avala lo que desde el sindicato se requería en la demanda: desvincular recorte salarial y aplicación de la carrera profesional.

CSI•F destaca la importancia que tiene para todos los empleados públicos el enunciado del TSJ que reconoce que “el acuerdo se aplicaba desde enero de 2010”, mientras que el decreto del Gobierno de Zapatero entra en vigor el junio de ese mismo año. “De tal modo la Administración podría haber actuado sin cobertura legal desde enero hasta junio de 2010 en cuyo caso la actividad administrativa sería ilícita”, llega a afirmar.

El Gobierno valenciano tenía presupuestado 17 millones de euros en 2010 para desarrollar la carrera profesional pero no destinó ese dinero a su finalidad. Directamente no aplicó el acuerdo a pesar de que, como mucho, podía haber detraído el cinco por ciento de desarrollar estrictamente el real decreto estatal.

Incluso el propio vicepresidente segundo de la Generalitat, Gerardo Camps, adquirió el compromiso, el pasado mes octubre y en mesa general, de negociar y promulgar el decreto de carrera antes de que finalizara el año 2010. No obstante, a punto de concluir la actual legislatura aún no se ha sentado a negociar. El objetivo de la carrera profesional consiste en premiar la productividad y la eficacia en la gestión del empleado público.

La central sindical destaca el auto del TSJ porque pone en entredicho la continua merma del poder salarial de los empleados públicos de la Comunidad Valenciana. Éstos han visto reducido su sueldo un 5% por una decisión unilateral del Gobierno y, además, el Consell ha suspendido la aplicación de la carrera profesional tras aprobarla después de años de negociaciones con los agentes sociales.

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