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Blasco urge la necesidad de revisar el modelo de financiación de justicia actual en función de la población

  • El Sindic popular plantea una iniciativa en la que primen los criterios objetivos y la equidad entre las comunidades autónomas

  • Asegura que en la Comunitat el Ministerio sólo se hace cargo del 20% de los costes de los nuevos juzgados, mientras que en Cataluña reciben una doble vía de financiación

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha instado hoy al Gobierno socialista a que “revise de manera global el actual modelo de financiación de la Justicia”, al tiempo que pedido que “se ejecute cuanto antes la reforma para conseguir el cambio que hace falta”.

Para el Síndic popular, “es totalmente necesario que el Ejecutivo central cumpla con su obligación y reforme el modelo de financiación en este ámbito, además de en otros, ya que los ciudadanos necesitan tener un modelo que respete la equidad distributiva, y para ello los parámetros a seguir son la población real y la incorporación de un número mínimo de jueces por habitante”.

Asimismo, Rafael Blasco ha solicitado al Gobierno central que deje de lado “las discriminaciones entre comunidades autónomas y les garantice a todas las mismas prestaciones”, a lo que ha añadido que desde que gobierna el socialismo en nuestro país, “los desequilibrios territoriales han sido una constante en la política llevada a cabo por Rodríguez Zapatero”.

El portavoz popular en Les Corts ha señalado como muestra de estas diferencias el caso de Cataluña, que recibe mayor financiación que el resto de comunidades. Así, ha explicado que si ante la petición de nuevas unidades judiciales el Ministerio fija un número concreto de unidades, cada uno de los juzgados es sufragado inicialmente y para el resto de sus días en un 80% por parte de la Comunidad Autónoma, aproximadamente, mientras que el Ministerio se hace cargo del restante 20% -que se reduce exclusivamente a la retribución de jueces y secretarios, así como los fiscales necesarios para atender el incremento de órganos judiciales-. En el caso de Cataluña, no obstante, esa financiación es doble, ya que el Ministerio paga las nuevas unidades judiciales año a año en su integridad y además destina una segunda partida para el funcionamiento.

Al respecto, el Síndic del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha anunciado que ya se ha registrado, desde el Grupo Popular, una Proposición no de Ley en la que se pide al Gobierno “que actúe equitativamente en el reparto de la financiación en materia de Justicia, y deje de lado los agravios comparativos entre CC.AA.”. “El servicio esencial que constituye la Justicia debe tener un trato igual por parte del Estado, independientemente de cuál sea la Comunidad Autónoma y de cualquier otro planteamiento que suponga establecer distinciones inaceptables entre los ciudadanos”, ha indicado Blasco.

Por último, el portavoz ha considerado que el Ejecutivo central “debe replantearse ya mismo esta situación y poner inmediatamente en marcha un modelo de financiación que permita que todos los ciudadanos de esta nación tengan los mismos derechos y garantías en materia de Justicia”.

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