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La Generalitat y el sector agrario hacen frente común contra la ratificación del acuerdo UE-Marruecos

La Generalitat y el sector agrario hacen frente común contra la ratificación del acuerdo UE-Marruecos
  • La ratificación de este pacto perjudicaría a cultivos como el tomate y los cítricos

  • La consellera destaca la unidad del sector agroalimentario valenciano contra la entrada en vigor del tratado

  • El Consell ha solicitado una reunión con la Ministra para abordar las posibles consecuencias y medidas para mitigar su efecto

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, junto a representantes de organizaciones agrarias, cooperativas e industria agroalimentaria han acordado un frente común en contra de la ratificación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.

Maritina Hernández ha destacado “la unidad del sector agroalimentario valenciano frente a esta situación” y ha señalado que el objetivo “es tratar de frenar en el Parlamento Europeo un acuerdo que atenta de forma importante contra producciones importantes a nivel socioeconómico en la Comunitat Valenciana como son el tomate y los cítricos”.

En este sentido, ha renovado el apoyo expresado por el President Camps a las reivindicaciones del sector en defensa de nuestros intereses, frente a un pacto lesivo y que perjudicaría gravemente la competitividad de nuestra agricultura.

“En estos momentos de crisis se ve que este sector es garantía de actividad económica, y por ello queremos mantener un sector hortofrutícola potente y dinámico, y el acuerdo entre la UE y Marruecos dinamita ese objetivo”, ha asegurado.

La Consellera ha destacado que la Generalitat viene trabajando junto a los eurodiputados del Partido Popular desde hace meses para trasladar al Parlamento Europeo el grave perjuicio que representa el actual acuerdo a nuestra agricultura. Además, ha recordado que la semana pasada se reunió con los europarlamentarios valencianos “para que, por encima de cuestiones ideológicas, voten en contra de este pacto tan dañino para nuestro territorio y sensibilicen a los miembros de sus respectivos grupos acerca del perjuicio que ocasionaría”.

Maritina Hernández ha exigido también al Gobierno que traslade a los socios comunitarios y a las instituciones europeas las consecuencias negativas del pacto agrícola, en especial para la rentabilidad de los cultivos mencionados.

Falta de previsión del Gobierno

Por otra parte, ha criticado la falta de previsión del Gobierno durante el proceso negociador y ha explicado que, dado que no ha existido una actuación política previa del Ejecutivo de análisis con los sectores afectados para poner en marcha una estrategia que hubiera permitido adaptarse al nuevo escenario, “desde el Consell hemos solicitado una reunión con la Ministra para abordar las consecuencias del tratado y poner en marcha medidas que mitiguen los efectos negativos si finalmente se aprueba en el Parlamento Europeo”.

La Consellera ha recordado que las consecuencias del texto pactado llevó a los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Murcia, Canarias y Andalucía, del que entonces formaba parte la Ministra Aguilar, a firmar una declaración contra este acuerdo y en defensa del sector español de frutas y hortalizas.

Del mismo modo, ha insistido que la entrada en vigor de este pacto en los términos acordados provocará una situación de competencia desleal, ya que va a permitir el acceso a los mercados de producciones que no cumplen las actuales normativas europeas de calidad, materia laboral o medioambiental a las que están sujetos los productores europeos.

Por último, ha recalcado que los acuerdos están para cumplirse, “algo que no ha ocurrido con el que pacto todavía vigente, ni en cuanto a precio ni en cuanto a contingentes”, por lo que considera que es necesario reforzar y potenciar los controles aduaneros para corroborar que se cumplen los acuerdos establecidos. Además se debe incorporar a esos acuerdos el principio de reciprocidad, e intensificar los controles fitosanitarios y de seguridad alimentaria para garantizar que los productos extracomunitarios ofrecen las mismas garantías que los cultivados en la UE.

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