El PP se reúne con Acuamed para tratar el futuro de las desaladoras
Un plazo de carencia, la ampliación del plazo de amortización de la infraestructura y la posibilidad de incorporación de municipios no incluidos actualmente, principales demandas de los populares
El senador Vicent Aparici, la coordinadora del área de medioambiente del PP de Castellón, Ana Delfi Martín, y los alcaldes y portavoces de la provincia afectados por las desaladoras se han reunido con Arcadio Mateo, director de Acuamed, a quien han hecho entrega de un manifiesto común ante la inminente puesta en marcha de las desaladoras de Moncofa y Oropesa.
En una primera reunión se abordó la renegociación de los convenios de los municipios de Cabanes, Oropesa, Benicàssim, Xilxes y Moncofa con ACUAMED, dada la situación actualmente insostenible por la carga económica que supone para los ayuntamientos, situación que el Partido Popular a través de sus representantes ya había denunciado con anterioridad.
Tanto en Oropesa como en Moncofa las obras siguen su curso y, sobre el mes de julio, los técnicos de Acuamed prevén el inicio de las pruebas cuya duración es “variable”. En el caso de Oropesa ya se ha comenzado a ejecutar las pruebas en vacío a falta de iniciar los trabajos con agua de mar.
Los ayuntamientos partícipes suscribieron hace entre 6 y 7 años los convenios por la presión que ejercía la Confederación Hidrográfica del Júcar, que denegaba los informes de suficiencia hídrica si no se suscribían, pese a que en algunos casos el criterio resultaba discutible, sin embargo debido al interés por aprobar sus planes urbanísticos, accedieron a suscribir los convenios sobre la base de que serían las futuras urbanizaciones las que sufragarían el coste implícito en esos acuerdos.
La situación de crisis inmobiliaria empezó a recrudecerse y con ella quedaron paralizados los desarrollos urbanísticos que debían ser usuarios del agua desalada. ACUAMED en cambio, siguió adelante con las plantas, habiéndose llegado a la situación actual en la que los municipios, en su mayor parte sujetos a severos planes de ajuste, deben cumplir con unos convenios que financian unas necesidades hídricas inexistentes hoy en día.
Es por ello, que el Partido Popular de Castellón, conocedor de la alta dependencia energética que tienen las desaladoras, el rechazo que provocan tales instalaciones, y la carga que supone para los ayuntamientos, ha propuesto a la sociedad estatal los siguientes puntos:
1. Es necesaria la renegociación para el pago de las cuotas dimanantes de los convenios de las desaladoras con una carencia de 10 años (equivalente con el plazo de los planes de ajuste de los ayuntamientos que lo tienen), y el 11º año se empezaría a pagar. Obviamente, el plazo sería interrumpido si antes del cumplimiento del mismo fuera necesario el abastecimiento para algún municipio.
2. Independientemente del anterior punto, es necesario ampliar el plazo de amortización, de los actuales 25 años a 50, de forma que se haga más llevadera la amortización.
3. Se estima necesario arbitrar un sistema que permita establecer una obligación para aquellos municipios que en un futuro, precisen el uso de desaladora, de forma que puedan reintegrar a los municipios que inicialmente contribuyen a financiarla. Es por ello, que es en este momento cuando se debe incluir la variante que determine el cálculo de aportaciones a partir de un nuevo municipio que necesite el servicio.
El senador Aparici ha querido destacar la buena deisposición para el diálogo tanto del propio Arcadio Mateo, presidente de Acuamed, como del resto de representantes de la sociedad estatal que desde el primer momento han atendido sus planteamientos y sugerencias con el fin de mejorar las posibilidades de estas infraestructuras.
