El PSOE saca a la luz la auditoría de contratación de la gestión del gobierno de PP cinco meses después de recibirla

La segunda parte de la Auditoría encomendada a la empresa Faura–Casas relativa a las contrataciones del Ayuntamiento tiene fecha del 16 de noviembre de 2012 y, hasta el día de hoy, el alcalde, Carlos Fernández, y su equipo de gobierno la han tenido secuestrada. “En octubre de 2012 tuvimos acceso a la primera parte de la Auditoría, la relativa a la contabilidad, y no se explica que esta segunda parte haya tardado cinco meses en salir a la luz pese a que la hemos pedido en repetidas ocasiones y siempre se nos ha contestado que la tendríamos en un breve plazo” afirma el concejal de EUPV, Salvador García de la Mota. “Además, nos la dan incompleta, faltan páginas, así como los Informes técnicos de los Departamentos de Intervención y Contratación” continúa el regidor.

Viendo esta Auditoría, que seguiremos explicando una vez estudiada en profundidad, EUPV concluye que resulta de todo punto inadmisible cómo el alcalde y su equipo de gobierno del PSOE, teniendo este Documento desde hace cinco meses, no han iniciado ningún tipo de acción para requerir responsabilidades, técnicas y/o políticas, a quienes corresponda.

Los datos que arroja la Auditoría, que abarca desde el 1 de enero de 2007 al 30 de junio del 2011, en una primera y apresurada lectura, muestran continuas irregularidades en la contratación del Ayuntamiento como son:

- Compromisos de gastos que exceden el límite de una contratación menor, para los que no se ha tramitado el correspondiente expediente de adjudicación requerido.

- Fraccionamiento indebido de contratos a una misma empresa para eludir el procedimiento de adjudicación.

- Empresas que se exceden en los plazos de entrega de las obras sin que ello les suponga penalización alguna.

- Se han puesto debilidades en el control interno de los elementos inventariables que tienen como efecto que no se garantiza la custodia de dichos elementos.

Igualmente la Auditoría asegura que “se observan determinadas prácticas en la actividad contractual del Ayuntamiento que no se ajustan a los requerimientos normativos de la contratación pública”.

Con respecto a los aparcamientos públicos construidos por LUBASA la Auditoría dice que no se ajusta al Reglamento General De La Ley De Contratos De Las Administraciones Públicas (RGLCAP) objetando lo siguiente: “No consta que la valoración de las obras efectuada para determinar la liquidación de la resolución del contrato de concesión y obra pública formalizado con LUBASA APARCAMIENTOS, se haya efectuado a partir de mediciones de unidades de obra ejecutadas en el momento de rescisión del contrato, valoradas a los precios establecidos en el presupuesto de ejecución material. Por tanto, la valoración de la liquidación de las obras no se ajusta a lo previsto en el artículo 147 y siguientes del RGLCAP (punto 3.4.3.)”. Y continúa: “La recepción de las obras efectuadas en el marco de la resolución del contrato anterior es posterior a la aprobación del convenio de liquidación del contrato y al pago del primer plazo establecido en dicho convenio.”

Como ha insistido en varias ocasiones Salvador García de la Mota, y por ello EUPV lo denunció al Tribunal de Cuentas, el contrato de los aparcamientos ha seguido desde el principio una ‘Hoja de Ruta’ marcada por el PP de Mislata y ha tenido como consecuencia el desbarajuste económico total y absoluto que sufre el Ayuntamiento y que la ciudadanía tendrá que pagar durante muchos años.