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Mislata aprueba un presupuesto austero y condicionado por la herencia económica que recibió del anterior gobierno

  • El Consistorio se ve obligado a reducir todas las partidas presupuestarias, excepto las ayudas sociales de emergencia, que pasan de 800.000 a 1’1 millones de euros

La Corporación Municipal de Mislata ha aprobado esta tarde con los votos del gobierno socialista y el rechazo de la oposición el presupuesto más austero de los últimos años. Unas cuentas condicionadas en gran medida por la delicada situación económica que atraviesan las arcas públicas y que, según ha denunciado la concejal de Hacienda, Mª Luisa Martínez, “es la herencia que nos ha dejado a todos los mislateros el Partido Popular”.

Para poder cuadrar los números, el gobierno municipal ha tenido que reducir el gasto en diez millones de euros, ajustando euro a euro todas las partidas, por lo que en el debate plenario de hoy, más allá de las cuestiones ideológicas, todos los grupos políticos han coincidido en reconocer el esfuerzo y la dedicación que ha realizado el área económica del Ayuntamiento.

Además, la concejal de Hacienda ha dicho de las nuevas cuentas que son “realistas y suponen el fin de la época del derroche y el despilfarro”. Para ello ha puesto como ejemplo el capítulo de ingresos, donde a pesar de los esfuerzos del actual gobierno, la caída respecto al último presupuesto está cifrada en casi ocho millones de euros. “El origen de aquellos ingresos tan elevados –ha denunciado Martínez- estaba en la fantasía e insensatez del plan de venta de los aparcamientos que llevó a cabo el anterior gobierno y que fue un absoluto desastre”.

De todas las partidas del presupuesto municipal, las únicas que aumentan respecto al último presupuesto son las ayudas sociales o ayudas de emergencia, que pasan de los 800.000 a 1’1 millones de euros. A pesar de este incremento del 42%, el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ya ha adelantado la posibilidad de que, si es necesario, dotará con más dinero esta partida, con la que el Ayuntamiento ayuda a las familias más necesitadas a pagar los servicios básicos de sus viviendas o el reparto de vales de alimentos.

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