El Ayuntamiento declara Llíria ciudad libre de desahucios
El pleno del Ayuntamiento de Llíria, por unanimidad de todos los grupos políticos, aprobó ayer una moción para declarar la capital del Camp de Túria ciudad libre de desahucios y aplicar medidas que eviten estos casos.
El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, ha manifestado que esta iniciativa “pretende manifestar claramente la preocupación del Consistorio por la dramática situación que viven muchas familias que están en serio riesgo de perder su vivienda, y aportar soluciones viables para que no se produzcan desahucios en nuestro municipio”, al tiempo que ha remarcado la “importancia de la mediación como mecanismo previo”.
De esta manera, se dará orden a la Policía Local que no colabore en los desalojos de los vecinos que sólo tengan una única residencia, mientras no haya alternativa habitacional o venga dictaminado por una orden judicial inevitable.
El acuerdo plenario también contempla la puesta en marcha de un plan de vivienda para dar respuesta a la problemática actual. El Ayuntamiento de Llíria conformará un grupo de trabajo con representantes municipales y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Camp de Túria para estudiar los casos de los posibles ciudadanos afectados y formular propuestas que ayuden a evitar estas complicadas situaciones.
Así, se plantea crear un registro municipal de viviendas destinadas a alquiler social, aportadas por el propio Consistorio, entidades bancarias y particulares.
Por otro lado, el departamento de Servicios Sociales preparará un informe sobre la viabilidad de conceder ayudas del 100% para tasas e impuestos a aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social ante la posible pérdida de su vivienda. Igualmente, el Ayuntamiento de Llíria facilitará el aplazamiento y pago de los recibos municipales a este colectivo y gestionará con el Consorcio Valencia Interior y la Diputación la paralización de embargos por la falta de pagos a las tasas que tramitan estas entidades.
Otro punto del acuerdo establece valorar la posibilidad de suplementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas para el abono de la luz, agua, alquileres u otros suministros básicos. No obstante, el Consistorio se compromete a negociar con las empresas suministradoras que no corten estos servicios a los afectados mientras dure el riesgo de desahucio, instándoles a llegar a acuerdos para condonar o aplazar la deuda.
Por último, la moción incluye otros acuerdos para que la Generalitat y el Gobierno de España adopten distintas medidas e introduzcan cambios legislativos en esta línea para favorecer la inserción laboral y las ayudas a personas en riesgo de exclusión social, que impidan los desahucios de la primera y única vivienda.
