El Gobierno local defiende la nueva ordenanza de aguas residuales como necesaria para defender los intereses generales de Llíria :: elperiodic.com

En la sesión plenaria celebrada ayer, el Gobierno municipal de Llíria desestimó las alegaciones presentadas a la nueva ordenanza sobre el tratamiento y vertido de aguas residuales, en virtud de los informes técnicos y jurídicos, y aprobó definitivamente la norma propuesta.

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Reme Mazzolari defendió la ordenanza como “necesaria para los intereses generales del pueblo de Llíria y evitar seguir contaminando nuestro entorno medioambiental”.

En este sentido, Mazzolari ha explicado que Llíria “participa, junto a otras tres poblaciones de la comarca, en una depuradora mancomunada gestionada por la EPSAR. La llegada de vertidos incontrolados a esta estación ha supuesto ya multas que ascienden a 2,4 millones de euros, de los que a nuestro municipio les corresponde el 40%”. “Lo que nos permite la nueva ordenanza es tener la herramienta administrativa para sancionar a quien realmente contamina”, ha manifestado.

La normativa aprobada regula los vertidos procedentes de usos no residenciales en sectores industriales o comerciales, y el control de tratamientos de depuración en zonas sin red de alcantarillado, con un control efectivo de los vaciados, la exigencia a las empresas de un plan de autocontrol, y el establecimiento de un régimen sancionador.

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente ha querido aclarar que la ordenanza “ni pretende castigar a los vecinos ni obliga a los chalés a instalar depuradoras individuales, pues esta exigencia la recoge el Plan General de Ordenación Urbana elaborado por el gobierno de coalición PSOE, Compromís y EU en el año 2002”.

Por ello, Reme Mazzolari ha acusado a los grupos de la oposición Compromís y MOVE, de “mentir y crispar a los vecinos en este asunto, ya que no han sido ni capaces de hacer ninguna aportación a la ordenanza en el periodo de exposición pública”.