Condenan al ayuntamiento a pagar 1,2 millones de euros porque el abogado no se personó en el juicio

El juzgado de primera instancia número 2 de Nules ha condenado al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó a pagar a la empresa Almalafa Inmuebles SL 1.093.890,06 € por incumplimiento contractual más 137.768,13 € en concepto de daños y perjuicios, sin contar los intereses y las costas; con lo que dicha cuantía podría llegar fácilmente a 1,5 millones de €.

Almalafa Inmuebles SL realizó un contrato de compraventa con el ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos que debían ser entregados libres de cargas por parte del consistorio. La empresa entendió que el ayuntamiento había incumplido con esta condición, por lo que solicitó que se resolviera el contrato y que se le reembolsara el dinero que había pagado.

Por otra parte, el ayuntamiento alega incumplimientos por parte de la empresa, hecho que no pudo probarse por la incomparecencia del letrado del consistorio y de los testigos, que eran técnicos del ayuntamiento que tenían que dar explicaciones sobre un informe que se había adjuntado al procedimiento- que no fueron avisados para que acudieran al juicio celebrado el 12 de febrero de 2016, dando la razón a la parte demandante.

En la sentencia del mismo día del juicio, queda patente en varias ocasiones que no se ha podido realizar la prueba porque “ha comparecido al acto de la vista únicamente el demandante, no compareciendo el demandado y no aportando justificante de su ausencia…”. Además uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia, que se repite en distintas partes del documento, dice textualmente que “dado que la parte demandada no ha comparecido al acto del juicio, no pudiéndose practicar la prueba a su instancia ni la testifical pericial de la arquitecto técnico del ayuntamiento…”.

Así pues, desde el Partido Popular piden a la alcaldesa socialista Tania Baños que aclare quién es el letrado del ayuntamiento desde octubre de 2015, fecha en que el anterior abogado dejó de prestar servicios jurídicos, y la razón por la cual no asistió ningún abogado al acto de la vista para defender los intereses del ayuntamiento, ni se avisaron a los testigos para la práctica de la prueba.

La portavoz del PP, Elena Vicente-Ruiz, ha señalado que “ellos que son tan dados a pedir responsabilidades a los demás, si van a asumir las suyas propias ante una clara negligencia por parte del equipo de gobierno de PSPV-PSOE, Esquerra Unida y Compromís”. Este es un ejemplo más de la “dejadez” de la alcaldesa y sus socios de gobierno.

Por ello, la edil preguntó a la alcaldesa, en el pleno del pasado miércoles, quien es el abogado del ayuntamiento desde el 21 de octubre de 2015 y por qué no acudió al juicio. “Me gustaría saber quién va a responder del 1,2 millones de € que tiene que pagar el ayuntamiento y qué tiene que decir Tania Baños ante esta negligencia porque el abogado del ayuntamiento no acude al juicio, no se puede practicar una prueba y condenan al consistorio a pagar 1,2 millones de €”. Por ello, Vicente-Ruiz se pregunta quién es el responsable y quién va a responder de esta negligencia tan grave que pone al ayuntamiento de la Vall en esta posición tan delicada económicamente.