La Fiscalía Provincial de Castellón propone presentar denuncia contra el anterior alcalde porque ve indicios de delito en la colocación de la cámara oculta

La edila de Interior, Elena Vicente-Ruiz, ha comparecido ante los medios para informar de que la Fiscalía Provincial de Castellón ha emitido un decreto en el que propone presentar denuncia ante el juzgado de Nules contra el anterior alcalde de Vall d’Uixó, Josep Tur, el jefe de la policía local, el jefe de departamento de informática y el Oficial Mayor del Ayuntamiento, ya que entiende que en la presunta colocación de una cámara oculta en el hall del Consistorio hay indicios de que se ha cometido un delito

Vicente-Ruiz ha recordado que “cuando el Partido Popular entró a gobernar, nos llegó el rumor de que en el hall del ayuntamiento había instalada una cámara oculta. Procedimos a desmontar un reloj que había en la pared y, aunque la cámara ya no estaba, sí había evidencias de que el reloj había sido manipulado. El dispositivo daba al despacho del oficial mayor, donde presuntamente estaba instalada la grabadora. A día de hoy, todavía no sabemos dónde están las imágenes, ni qué uso se ha hecho de ellas”.

Ante estas pruebas, la alcaldesa Isabel Bonig requirió la cámara, que apareció, y el equipo de gobierno abrió un expediente averiguatorio por Junta de Gobierno. De este expediente se extrajeron varias conclusiones: que efectivamente había una cámara, que estuvo grabando durante dos años, noche y día, y que no se sabe dónde están esas imágenes.

La edila popular ha explicado que “desde el quipo de gobierno pusimos en conocimiento del Ministerio Fiscal de Castellón estos hechos gravísimos, para que determinara si se había cometido un delito. Pues bien, la Fiscalía Provincial de Castellón acaba de emitir un decreto en el que propone que se presente denuncia ante el juzgado de Nules contra el anterior alcalde de Vall d’Uixó, Josep Tur, el jefe de la policía local, el jefe de departamento de informática y el Oficial Mayor”.

El Ministerio Fiscal afirma que “los hechos son indiciariamente constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos”. Elena Vicente-Ruiz ha explicado que “la mera acción de grabar sin el consentimiento de las personas objeto de esa grabación, ya supone la consumación de este delito, independientemente del uso que luego se dé a esas imágenes”.

Vicente-Ruiz ha añadido que el artículo 197 del Código Penal dice que “se castigará con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien intercepte a otro sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escuchan, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen”. Las edila popular ha indicado que “no hay que olvidar que este caso es especialmente grave, porque las personas imputadas son funcionarios públicos, con lo cual las penas que se les podrían aplicar son mayores”.

Además, la edila de Interior ha manifestado que “desde el equipo de gobierno pensamos que también se han cometido otros delitos, y así se lo haremos saber al juez, como la falsedad de documento, ya que hay que recordar que en la factura con la que se pagó la cámara se indicó como concepto la reparación de un coche de la policía”.

Tras este decreto de la Fiscalía Provincial de Castellón, una vez remitido al juzgado de Nules, se abrirán diligencias previas y, posteriormente, empezará el juicio oral. La concejala de Interior ha resaltado que “nosotros hemos hecho lo que debíamos hacer, porque consideramos que colocar presuntamente una cámara sin el conocimiento de trabajadores ni ciudadanos es un hecho gravísimo. Ahora habrá que esperar hasta que el juez dictamine sentencia”.