Vicente-Ruiz asegura que la partida de servicios jurídicos del Ayuntamiento es para los 21 concejales y no sólo para los del equipo de gobierno

La concejala de Interior, Elena Vicente-Ruiz, ha asegurado que “una vez más el señor Manel Jorge vuelve a mentir y a enredar, ya que la partida habilitada en el presupuesto municipal para servicios jurídicos no es sólo para el equipo de gobierno, sino para cualquier concejal de cualquier partido político que necesite asistencia a juicio, y también es el fondo con el que se paga cuando se condena al Ayuntamiento en costas”.

Vicente-Ruiz ha explicado que “cuando PSOE e IU gobernaban en La Vall, gastaron en una legislatura 276.000 € en minutas, y 92.000 € en asesoramiento, ya que pagaban a una persona sólo para asesorarles, y los juicios los pagaban aparte. Nosotros tenemos a un abogado, al que pagamos 30.000 € al año por todo, por asesoramiento y por asistencia a juicio, haya uno, o haya cincuenta”.

La concejala popular ha indicado que “las malas decisiones del gobierno de Tur nos ha costado un dineral a los valleros y valleras”. Así, ha enumerado varias decisiones del gobierno de Tur, como no programar el sector de Les Pereres, lo cual supuso, además de un enorme retraso para el desarrollo de la Vall, un coste de 266.000 € para las arcas municipales porque la Agrupación de Interés Urbanístico recurrió esta decisión.

Vicente-Ruiz ha recordado también el millón de € que las arcas municipales han tenido que pagar a FACSA: la mercantil recurrió en reposición el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 30 de mayo de 2005, por el que se aprobaron las tarifas de alcantarillado para aplicación del IPC del período 2001-2005. En la sentencia se determinaba que había un desequilibrio financiero de la concesión, y se desestimaba en primera instancia, estableciendo que la obligación de la corporación local no sólo es aplicar el IPC, sino que también se deben revisar las tarifas para mantener el equilibrio económico de la concesión. El equipo de Tur recurrió esta primera sentencia en recurso de apelación, y los tribunales dieron la razón por segunda vez a FACSA.

Por último, Elena Vicente-Ruiz ha recordado los 60.000 € de costas judiciales por el enfrentamiento que mantuvo el equipo de gobierno socialista con el sacerdote de la parroquia del Santo Ángel Custodio por la casa del ermitaño, cuando la hija de un concejal se empeñó en casarse por lo civil en un recinto que era propiedad de la Iglesia. El PSOE se embarcó en un procedimiento judicial que desde un principio sabía que iba a perder, y ahora el Ayuntamiento tiene que pagar todo el coste del procedimiento, esto es, 60.000 €.