La industria agroalimentaria se muestra preocupada ante la reforma de las pensiones

La Industria agroalimentaria se muestra preocupada ante la reforma de las pensiones. El BOE publicó el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones el pasado 17 de marzo. En él se establece como fecha de entrada en vigor, con carácter general, el próximo 1 de abril, y en su Disposición Final Décima establece las fechas concretas de entrada en vigor para determinadas previsiones que se proyectan hasta 2050, en algunos casos.

Desde FEDACOVA, tras analizar el texto publicado en el BOE, se manifiesta preocupación, ya que no ha habido, en ningún momento, un proceso de negociación del Gobierno con la representación empresarial en esta materia. “De hecho, estamos ante una reforma de las cotizaciones, no de las pensiones, pues el resultado de la nueva norma supone, en esencia, trasladar toda la responsabilidad respecto a la sostenibilidad del sistema, a las cotizaciones, es decir, al gasto laboral de las empresas”, señalan desde el departamento Laboral de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana.

También, apuntan, “es preocupante que pese a la reforma, no quede garantizada la sostenibilidad, lo que obliga a prever una mayor carga del coste laboral en años próximos mediante los mecanismos previstos en la propia normativa”. Además, explican que el reparto del coste para la sostenibilidad del sistema es mucho más desproporcionado en España que en otros países: las empresas asumen más del 80% del coste, frente a las cotizaciones aportadas por las personas trabajadoras, que son mucho más inferiores que en otros países de la Unión Europea, donde la media se sitúa en un reparto más equilibrado y en ocho puntos menos.

En FEDACOVA lamentan también el establecimiento de la denominada "cotización de solidaridad", que supone quebrar el principio de contributividad y encarece el mecanismo de equidad intergeneracional, sin que tenga reflejo en la acción protectora. “Es por tanto, un mero impuesto o ‘derrama’ sobre el trabajo, que van a asumir las empresas”, exponen.

Por último, traslada del departamento Laboral de FEDACOVA, también se incrementan las bases máximas con un efecto menguado sobre la acción protectora y la carrera previa de cotización: se pasa de los 25años actuales a 27 años, “para cobrar, en el mejor de los casos, lo mismo”. “Hay por tanto un recorte de derechos sociales. Y aunque es cierto que entre los años 2027 a 2040 se podrá elegir las bases de cotización de mayor importe, después se elimina esa posibilidad de elección” denuncian.

La conclusión desde el sector agroalimentario, representado por FEDACOVA, es que el incremento de los gastos laborales derivados de la reforma de las cotizaciones se va a trasladar a la gestión de las plantillas, y también a la política de contratación y de gestión del talento en las empresas, lastrando de ese modo la competitividad del sector; pues en el medio plazo, el mayor coste de Seguridad Social en la franja de personal cualificado, puede suponer un reajuste de las políticas de remuneración en este segmento. Además, el progresivo retraso en la edad efectiva de jubilación hace prever un mayor absentismo, sin que se haya adoptado ninguna medida para que las empresas puedan afrontar esta situación.