El Ayuntamiento y la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús llegan a un acuerdo
El próximo 24 de febrero, a las 19.30 horas, en el teatro Capitolio, responsables de la corporación municipal explicarán a la ciudadanía el acuerdo definitivo al que se ha llegado con la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús y que elevarán al Pleno el jueves día 26. En el texto firmado se reflejan los acuerdos alcanzados después de que las religiosas abrieran la negociación el pasado mes de septiembre de 2014 con la propuesta de quedarse 9.384,88 m2 de los 26.087,42 m2 totales para expropiar y descontarlos del precio final. También han aceptado el pago fraccionado en 15 años y reducir los intereses de forma que el precio total pasaría de los 18 millones (más los intereses que se irán generando a partir de ahora, a razón de unos 500.000 euros al año) a 7,2 millones (más el 2% de interés que se generará en los próximos 15 años, es decir, 8,16 millones).
Los terrenos que se quedará la Sociedad del Sagrado Corazón y que se excluyen de la expropiación pasarán de ser zona verde a suelo dotacional privado para uso docente. Además, la Congregación ha cedido al Ayuntamiento 401,84 m2 para facilitar el acceso a la zona verde por la zona del antiguo CEFIRE, en la plaza de Enric Cullell.
El plan de pagos acordado significará que el Ayuntamiento de Godella tendrá que abonar una media de 500.000 euros al año durante los próximos 15 ejercicios. No obstante, si durante alguna de las anualidades contempladas, el Ayuntamiento de Godella dispusiera del capital necesario para amortizar una cantidad superior a la inicialmente establecida (457.142,86), se realizará una modificación del calendario de pagos que, sin reducir el número de años a satisfacer la sentencia, reducirá las amortizaciones y los intereses a satisfacer en ejercicios posteriores.
Para que el acuerdo se haga efectivo tendrá que aprobarlo el pleno del Ayuntamiento de Godella el próximo 26 de febrero así como también la magistrada encargada de la ejecución de la sentencia. Con ello se cerrará un conflicto que lleva abierto ya 25 años y que «permitirá hacer frente a la obligación de ejecutar la sentencia de una manera asumible por el Ayuntamiento, evitando así una intervención judicial del consistorio que haría inviable mantener la calidad de vida del pueblo», según señalaron fuentes municipales.
