Torró y su portavoz de gobierno ocultaron facturas por valor de 885.000 euros a una empresa de la Púnica
Tras tener conocimiento que en la contabilidad de la empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) se han encontrado facturas de la empresa Gomuñoz por un valor de 885.000 euros y que estarían vinculadas al caso Púnica, desde el Gobierno local de Gandia se anuncia que las facturas y el resto de documentación serán remitidas en las próximas horas al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la causa. Así, de estas facturas destaca una de 120.000 euros pagada a pocos días de las pasadas elecciones municipales y varias facturas pagadas días después de los comicios del 24 de mayo.
“Ahora entendemos que haya, incluso, ministros del PP maniobrando para romper el nuevo gobierno de progreso en la ciudad. De este modo, quieren tapar su relación, la del PP, con la trama Púnica”, ha señalado la alcaldesa de Gandia, Diana Morant.
Cabe recordar que el pasado 9 de junio, agentes de la UCO de la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento de Gandia y se encerraron durante cinco horas en el despacho de Alcaldía para requerir documentos y facturas relacionadas con la trama de financiación irregular del PP conocida como Púnica. Allí interrogaron a Arturo Torró y a Víctor Soler, en aquel momento alcalde y portavoz del anterior gobierno de Gandia, respectivamente.
Entre las empresas de las que se solicitaron facturas se encontraban las que están relacionadas con el conseguidor valenciano de la trama, Alejandro de Pedro (Eico On Line Reputation Management, Madiva Editorial y Publicidad SL y Autoritas Consulting SA, ésta última en el periodo entre 2011 y 2015) y también de la constructora Gomuñoz y de su administrador, Sergio Muñoz Gómez.
Tras cinco horas de interrogatorio en el Ayuntamiento y una citación al día siguiente en el Cuartel de la Guardia Civil, existe constancia que el gobierno entregó las facturas del Ayuntamiento emitidas y pagadas a estas mercantiles.
No obstante, con el cambio de gobierno en Gandia, se han descubierto en la empresa pública IPG facturas que ascienden a un montante de casi 900.000 euros con la empresa Gomuñoz.
“Se trata de unas facturas que sospechamos que, tal y como nos acreditan el Secretario y el Interventor del Consistorio gandiense, no entregaron a la UCO ni el exalcalde Arturo Torró, ni su portavoz del anterior gobierno Víctor Soler, miembro además de la empresa pública y que también fue interrogado por la Guardia Civil”, ha destacado la alcaldesa de Gandia, Diana Morant.
