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El juez obliga a Torró a restituir la dedicación parcial a Joan-Lluís Soler

  • "El gobierno municipal mintió al afirmar que habían recurrido el auto, por lo que la resolución es firme"

  • El Ayuntamiento debe devolver la dedicación parcial al concejal Joan-Lluís Soler hasta que celebre el juicio

  • Vicent Mascarell: “Si hacen caso omiso del juez del Contencioso Administrativo acudiremos a la vía penal”

"Arturo Torró deberá cumplir forzosamente con la medida cautelar decretada por el juez de lo Contencioso Administrativo por la retirada de la dedicación parcial al concejal del grupo municipal socialista Joan Lluís Soler. El alcalde hizo caso omiso a la resolución judicial que obliga restituir la dedicación parcial a Soler hasta que se juzgue el caso. La resolución es firme ya que, al contrario a lo anunciado por el gobierno en su día, no se interpurso recurso contra la medida".

El concejal Vicent Mascarell, que lleva la defensa de su compañero de grupo municipal en calidad de letrado, ha afirmado que “Torró traslada a la vida pública la rebeldía judicial que practica en el ámbito privado y empresarial”. En diciembre deberá responder a las preguntas del tribunal por abuso de derecho, desviación de poder y fraude de ley. Hasta entonces, debe devolver la dedicación parcial que retiró a Joan-Lluís Soler para garantizar el derecho fundamental de ejercicio de cargo público en igualdad de condiciones. Vicent Mascarell ha advertido que “si hacen caso omiso al juez del Contencioso-Administrativo acudiremos a la vía penal”

Torró retiró la dedicación parcial a consecuencia de la denuncia formulada por el grupo municipal socialista sobre la vivienda del alcalde, propiedad del beneficiario de la compra del solar municipal donde se encuentra el McDonalds. Un piso, al mismo tiempo, decorado por la misma empresa adjudicataria de los juegos alegóricos del Prado. En la demanda se argumenta que:

Expresamente, la citada nota de prensa oficial en respuesta a las informaciones publicadas, como es fácilmente comprobable, pone de manifiesto, citando literalmente al Alcalde, afirmaciones del siguiente tenor: “Ya lo advertí que con el dinero de los gandienses no se puede mentir a la ciudadanía. Y también dije que por cada mentira que el PSOE difundiera para seguir con el cuento del engaño a los ciudadanos, habría una respuesta por parte del gobierno (…) no es de recibo que estas personas que cobran del erario público, del dinero de todos los gandienses lo utilicen para ataques personales y mentiras, lo que deja mucho que desear como grupo político y como oposición constructiva”. La consecuencia de todo ello, como explica la propia nota de prensa, es la supresión de una de las dedicaciones, en concreto, la de mi representado”.

La demanda es contra Arturo Torró como autor de las amenazas y firmante de los decretos. El concejal socialista Vicent Mascarell indica que “aunque retirar o no el sueldo a un concejal es potestad del alcalde y ratificado por el pleno”, pero que en este caso, tal y como se indica literalmente en la demanda:

Este Acuerdo Plenario impugnado obedece, pues, al anhelo del Sr. Alcalde Presidente de fustigar y amordazar a la oposición, usando sus prerrogativas como un arma de coacción política. Esta forma de proceder, que en derecho administrativo se denomina ABUSO DEL DERECHO, FRAUDE DE LEY Y DESVIACIÓN DE PODER, en un lenguaje menos ilustrado podría definirse como talante despótico y arbitrario. En definitiva, asistimos a un escenario en el que un dirigente político utiliza subrepticiamente sus atribuciones para reducir y maniatar la acción política de oposición, aun recurriendo a la más indigna de la mentira, cual es la de tratar de encubrir su espuria conducta mediante la demagogia del discurso sobre el ahorro de costes en tiempo de crisis, en el que los ciudadanos tienden a rechazar la tarea política.

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