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Gandia contará con una oficina de intermediación hipotecaria y asesoramiento en relación a la protección deudora de hipotecados sin recursos

  • Dos abogados expertos en la materia asesorarán a las personas que se hallen inmersas en un proceso de desahucio

  • El Gobierno da respuesta a una demanda del movimiento 15-M y ayuda a paliar "en la medida de lo posible un hecho que está en la calle y preocupa"

El Gobierno de Gandia da un paso más para ayudar a las personas que, sin recursos, ven peligrar la vivienda donde residen y se ven, en ocasiones, desamparados ante la situación hipotecaria y bancaria. El portavoz del Gobierno, Víctor Soler, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento de Gandia va a suscribir un convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) para la habilitación de una oficina de intermediación hipotecaria y asesoramiento en relación a la protección deudora de hipotecados sin recursos.

Así lo ha aprobado hoy la Junta de Gobierno Local dado que, según Soler, “el gobierno no puede ser ajeno a lo que se vive en la calle” y mediante este convenio permitirá que las personas que se hallen inmersas en un proceso de desahucio encuentren un lugar donde solucionar las controversias sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda habitual, así como llevar a cabo actuaciones de intermediación entre quienes no pueden pagar los préstamos hipotecarios que contrajeron para financiar la adquisición de su vivienda habitual porque se hallan en el denominado “umbral de exclusión”, y los bancos y demás entidades acreedoras de esos préstamos.

El Gobierno instalará en dependencias municipales una oficina de mediación y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia prestará el servicio durante dos días a la semana, en horario que determinará el ICAV, destinando a dos abogados expertos en la materia para atender las dudas y cuestiones planteadas.

La oficina estará tutelada y en contacto permanente con el departamento de Servicios Sociales y, según Soler, “el Gobierno de Gandia cumple con lo prometido, de poner en marcha a la mayor brevedad posible una oficina de mediación para tratar los problemas relativos a los desahucios. Una propuesta que nación del movimiento 15-M y que ahora ve la luz de manos de un gobierno del Partido Popular”.

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