Martes 19 de Junio de 2018

Orengo y Boix, ante la fiscalía por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la hacienda pública por fraude de subvenciones

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Política -  gandia
19/10/2012 | elperiodic.com  /  Fotógrafo : Miguel Pérez 

Orengo y Boix, ante la fiscalía por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la hacienda pública por fraude de subvenciones

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• Un informe jurídico ve claros indicios de delito en la actuación de la cúpula del PSPV por el Caso Innova
• El Ministerio reclama cinco millones de euros a Gandia que fueron desviados a otros fines dado que no se ejecutó la obra ni se pagó al contratista
• El Ayuntamiento de Gandia presentará denuncia y remitirá toda la documentación al Ministerio Fiscal

La obra no se ejecutó y el dinero fue desviado a otros fines, luego podríamos estar ante un Caso Malaya en Gandia, dado que José Manuel Orengo y Alfredo Boix cometieron, supuestamente, los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la hacienda pública por fraude de subvenciones tal y como figura en el informe jurídico que el despacho de abogados Uría ha remitido al Ayuntamiento de Gandia. Así lo ha dado a conocer hoy el alcalde de Gandia, Arturo Torró, quien ha manifestado que “las investigaciones podrían identificar a más participantes en este supuesto fraude en el cobro y desvío de subvenciones por el Edificio Innova”.

La auditoría llevada a cabo por el prestigioso despacho de abogados Uría, ha puesto de manifiesto que el actual número 2 y 3 del PSPV, es decir, el diputado a Cortes, Alfred Boix, y el portavoz de Ximo Puig, José Manuel Orengo, pagaron 3,4 millones de euros a la empresa pública IPG para que redactara el proyecto del Edificio Innova, construirlo y equiparlo, cosa que no ha ocurrido.

El Ayuntamiento de Gandia, según el informe jurídico, adelantó irregularmente el pago de esa cantidad a IPG. No hay que olvidar que la empresa pública no acreditó previamente el cumplimiento de las tareas que le habían sido encomendadas, refleja el informe jurídico que hoy ha dado a conocer el alcalde.

Y las meras sospechas se vuelven en hechos cuando se detecta, según el informe jurídico, que la empresa IPG no abonó cantidad alguna al contratista. Que la obra no se ejecutó en su totalidad. Que los fondos públicos, los 5 millones, recibidos por el ayuntamiento fueron destinados a otros fines distintos a aquellos a los que legalmente debía haberlo sido. Y el Ministerio de Innovación reclama los 5 millones recibidos como ayuda y que han desaparecido de las arcas municipales.

El alcalde de Gandia ha anunciado que, tras la investigación sobre las subvenciones del Edificio Innova, el ayuntamiento presentará ante el Ministerio Fiscal y ante el Juez, la denuncia así como la correspondiente demanda sobre las actuaciones de Orengo y Boix que se consideran fraudulentas, los pagos supuestamente ilegales y, el consecuente desvío de fondos para los fines con lo que fue otorgada la subvención. Ese desvío de fondos públicos, al parecer, sirvió a la empresa IPG para comprar terrenos y no para la finalidad con la que fue otorgada que era, precisamente, construir, equipar y acabar el Edificio Innova.

Arturo Torró ha explicado que no es posible, según el informe jurídico, extraer una explicación legal ni económica que justifique por qué el ayuntamiento ordenó el pago a IPG antes de que se acreditara por esta sociedad la realización de las obras encomendadas, sin haber sido adjudicado siquiera el contrato de obra y determinado el precio. Tampoco se puede precisar por qué Orengo y Boix ordenaron pagar el suministro de equipamiento que no había encomendado a esa mercantil y que nunca fueron prestados. De hecho, el edificio está por acabar y se ordenó el pago del equipamiento.

Por último, el alcalde de Gandia ha lamentado que los dos hombres fuertes del PSPV, tanto Orengo como Boix, no dejaran rastro ni en la contabilidad municipal ni en la tesorería de IPG de los fondos del Proyecto Innova que debieron haber sido dedicados exclusivamente a la financiación de las obras de ejecución.

El propio Arturo Torró, ha recordado a los socialitas implicados en este escándalo que el informe jurídico de Uría Menéndez ha sido realizado por esta prestigiosa empresa externa tras ganar un concurso, por lo que la imparcialidad es total y además confirma lo que todos temíamos, ha concluido el alcalde.

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