La OMIC atendió en enero medio centenar de consultas por las elevadas facturas de la electricidad
El concejal de Consumo, Carlos Ávila, denuncia que la Generalitat Valenciana ha impuesto una tasa de 33 euros para tramitar las reclamaciones de los consumidores y usuarios
El edil de Consumo ha informado que medio centenar de ciudadanos se han dirigido este pasado mes de enero a las oficinas de la OMIC ubicadas en el Mercado Central, para realizar consultas sobre la factura de electricidad, tras recibir un recibo de elevada cuantía. De ellas sólo tres han sido ya tramitadas como reclamaciones, tras haber detectado que podría existir alguna irregularidad.
Según Ávila, los recibos de este año han comenzado a registrar los aumentos de la tarifa del precio de la electricidad, a lo que hay que sumar la práctica que realizan las empresas suministradoras, que sólo están obligadas a realizar dos lecturas reales al año, mientras que las otras diez pueden ser estimaciones.
El responsable de la OMIC, Torcuato Saavedra, ha señalado que la oficina puede ayudar a despejar algunas dudas sobre la corrección de la factura, y que cuando encuentran posibles indicios de error, tramitan una reclamación directamente a la empresa suministradora. El problema, asegura, es que este tipo de empresas no están adheridas al sistema arbitral de consumo, por lo que aunque suelen contestar, no están obligadas a ello. A partir de ahí, lo que se hace es tramitar una reclamación a través de la conselleria de infraestructuras, que lleva los asuntos de energía. Si esta opción no tiene resultado positivo, se pude recurrir a un proceso judicial ordinario.
El problema, ha señalado el concejal, es que desde hace unas semanas la conselleria de infraestructuras ha introducido una tasa de 33 euros para tramitar la “formulación de reclamaciones de consumidores y usuarios del sector energético”, electricidad y gas, tal como aparece recogido tanto en la web de la propia conselleria como en la del PROP. Carlos Ávila ha criticado este medida, ya que lejos de favorecer la tramitación de reclamaciones y defender los derechos de los consumidores, pone serias trabas a los ciudadanos, que se echan atrás ante la posibilidad de que les cueste más caro reclamar que recuperar la diferencia de lo cobrado erróneamente.
Ávila ha señalado que no confía en que la Generalitat Valenciana cumpla con sus competencias en esta materia y defienda los intereses de los consumidores, en primer lugar por esa tasa disuasoria, y en segundo lugar porque la Comunidad Valenciana fue la única que no abrió expediente en 2009 a Iberdrola cuando hubo una avalancha de quejas por facturas elevadas. El edil ha recordado que apenas unos días atrás el presidente de la compañía eléctrica había defendido a capa y espada al presidente Camps, tras sus peripecias judiciales, una coincidencia que ha atribuido a la casualidad.
