Elisa Díaz denuncia que hay 726 viviendas del parque público ocupadas de forma ilegal
La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en Les Corts, Elisa Díaz, ha denunciado hoy la existencia de 726 viviendas del parque público de la Generalitat ocupadas de forma ilegal "mientras hay lista de espera para entrar en esas viviendas y el Consell no hace nada".
Elisa Díaz ha comparecido hoy en rueda de prensa en Les Corts para analizar las políticas de vivienda del Consell. La diputada popular ha señalado que la situación "es grave no solo por las viviendas ocupadas de forma ilegal, donde prima más dar una patada en la puerta que respetar la lista de espera, sino porque seguimos a la cabeza de España en desahucios y porque la Conselleria ha estado más ocupada en una Ley, la de función social de vivienda, que sabía que era ilegal porque invadía competencias estatales".
La diputada popular ha acusado al Consell "de vender una situación idílica y decir que iban a rescatar personas que no tienen vivienda digna, pero nada más lejos de la realidad". Díaz ha señalado que mientras las viviendas son ocupadas de forma ilegal "hay muchas personas que aguardan a tener un alquiler social, pero la consellera ha estado tan ocupada en llevar a cabo su proyecto, la Ley de Función Social de la Vivienda, que además es ilegal, que no se ha preocupado de este problema que va en aumento".
Así, la portavoz de Vivienda ha señalado que esas 726 viviendas ocupadas de manera ilegal "no son herencia del PP, sino fruto de la dejadez del Consell". La diputada ha subrayado la "especial preocupación por lo que pasa en Alicante. De esas 726 viviendas 460 están ocupadas de forma ilegal en la provincia de Alicante, y aún más grave es el caso de Alicante ciudad, donde hay 226, casi como toda la provincia de Valencia entera (229)".
Elisa Díaz ha señalado que este problema crece en la Comunitat Valenciana "y mientras tenemos la Ley de Función Social de la Vivienda, recurrida en el Tribunal Constitucional precisamente para garantizar los derechos, ya que infringe la Constitución Española con invasión de competencias". La diputada ha recordado que antes de la aprobación de la norma se advirtió de los problemas que presentaba "y la consellera Salvador llegó a manifestar que aprobaba una ley sobre la que no tenía competencias, por lo que era consciente de lo que hacía".
"La Ley de Función Social de la Vivienda sólo ha servido para aumentar la burocracia. Las personas se han de inscribir en un registro para solicitar las ayudas del plan de vivienda y así la consellera podía decir que la gente acudía gracias a esta Ley, pero es falso porque las ayudas de alquiler las paga el Gobierno de España en un 100%, por lo que ese registro no hacía falta", ha explicado.
Por otro lado, Elisa Díaz se ha referido al número de desahucios en la Comunitat Valenciana. "Según los datos del CGPJ seguimos estando en segunda posición en desahucios. Durante los meses en que estaba vigente la Ley de Función Social de la Vivienda no ha servido de nada. Bajan pero de forma menor que en el resto de España, por eso estamos a la cabeza de los desahucios. Es una cifra que da vergüenza, es un segundo puesto que nadie quiere. Con todas las políticas que se podrían hacer de la Conselleria nos vemos que no está atajando el problema. En lugar de hacer políticas en las que puede actuar, la consellera se ha dedicado a hacer leyes con las que sabe que no puede hacer nada".
Además, la portavoz de Vivienda ha alertado sobre el repunte del chabolismo en la Comunitat Valenciana, "que prácticamente estaba erradicado en 2015", y ha señalado que el Consell "hizo dos promesas que no ha cumplido". "Por un lado –ha manifestado, dijo que iba a rehabilitar 500 viviendas del parque público, pero no ha sido así. No ha llegado ni a la mitad. Y por otro, se comprometió a incluir 1.000 viviendas en la red alquila anualmente. Hoy sabemos que están disponibles 1.643 viviendas y cuando ves por qué están disponibles es por el precio, con más de 450 euros y algunas llegan incluso a los 1.000 euros. No sirve para el fin que busca la red alquila. Es una política de vivienda falsa", ha concluido.
