UPyD pide al pleno la regulación de las subvenciones a colectivos para “evitar favoritismos”
El pleno ordinario que se ha convocado para el próximo 4 de enero someterá a debate la moción presentada por UPyD para regular mediante unas bases generales todas las subvenciones que perciben los colectivos de la ciudad. Además, la propuesta plantea que, por razones de transparencia, tanto la convocatoria como las cantidades que perciben se publiquen en la web municipal.
La relación de subvenciones nominativas del presupuesto de 2013 asciende a la cantidad de 3.129.598,78 millones de euros a repartir entre colectivos y organismos de todo tipo, que posteriormente se ratifican en su mayoría por acuerdo de la Junta de Gobierno, a la que no pertenece la oposición. Para César González, portavoz de la formación, se tiene que poner fin a la “barra libre que disfrutan los dirigentes del PP cuando a la vez están rigiendo otras organizaciones y el castigo que sufren las asociaciones sin color político”, donde prevalezca el criterio de “utilidad social y representatividad”.
Para evitar la “actual arbitrariedad en la gestión del dinero público por la que se caracteriza el gobierno del PP”, el edil aboga porque los procesos de concesión de ayudas y subvenciones públicas estén reguladas por una ordenanza específica, de acuerdo a la ley 38/2003 de 7 de noviembre, General de Subvenciones, donde se establecen los criterios de adjudicación de las subvenciones y figura de manera “clara y concisa” que las corporaciones locales deben disponer de una ordenanza general de subvenciones.
UPyD ha destacado que existen “varios malos ejemplos”. González ha manifestado que pese a “sentir un gran respeto y admiración por la dilatada trayectoria en defensa de la música de colectivos como ADOC, por su inmejorable trabajo, por todos y cada uno de sus miembros, sus simpatizantes y su público”, resulta “lamentable la utilización política en favor del PP que hace su presidente”, perteneciente a la ejecutiva de los populares. Esta situación, según la formación, “explica la utilización política que de la asociación hace Adela Pedrosa desde el Ayuntamiento y la Diputación”.
De modo que si existiera esta ordenanza, se “evitarían las suspicacias” que en la opinión púbica existen sobre las ayudas que percibe ADOC, que se materializa en un convenio municipal de 35.000 euros anuales; 28.600 euros -10.000 concedidos por el Ayuntamiento y 15.000 por la Diputación- para el Certamen Internacional de Canto Ciudad de Elda, o la beca de 5.000 euros para promesas del canto.
INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN
En el presupuesto de 2012 de la Diputación sólo existen cuatro inversiones para Elda. Curiosamente, dos de las partidas las gestiona el presidente de ADOC: la citada subvención de 15.000 euros y otra de 5.600 para gastos de funcionamiento. La primera se otorga desde que Pedrosa es vicepresidenta del ente, por lo que los ciudadanos deben preguntarse “si éstas son las principales prioridades que la institución provincial tiene con Elda, porque puede dar la sensación de que Pedrosa gobierna para los amigos de su Ejecutiva y no para todos”.
Del mismo modo, esta ordenanza permitiría aclarar por qué llevan dos años suspendidas las ayudas para las asociaciones de vecinos, “que por culpa de la política de palo y zanahoria a favor de los dirigentes de los colectivos afines, les impide organizar hasta las actividades que realizaban en Fiestas Mayores”.
Así pues, indica González, “con la intención de establecer unos criterios más transparentes y justos, se hace imprescindible redactar una ordenanza general de subvenciones” y que éstas se rijan por la modalidad de concurrencia competitiva, “ya que es la forma más transparente, participativa y beneficiosa de administrar el dinero público para la corporación”. En este sentido, añade el edil, “todas las ayudas que concede el Ayuntamiento, deben asignarse por un proceso selectivo abierto y transparente, con criterios de evaluación públicos”.
UPyD defiende que el proceso culmine con la publicación del listado de beneficiarios en la página web del Ayuntamiento, así como la convocatoria para la concesión de subvenciones y las bases, al objetivo de “facilitar la participación de los interesados en presentarse a este proceso y para hacer públicos los criterios”. “Debido al interés público que tiene toda subvención, los mecanismos de control han de ser estrictos para que el dinero público no se utilice en actividades que no tengan un beneficio social”, ha apostillado González.
