El GPP denuncia “la utilización de centros públicos para financiar a Escola Valenciana”
La Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado que Educación "utiliza a los centros públicos para financiar de manera encubierta las actividades de la entidad catalanista Escola Valenciana".
La diputada popular ha desvelado que en numerosos centros públicos "se ha remitido una carta junto con dos papeletas introducidas en la mochila de cada alumno para que sean adquiridas al precio de dos euros y de esta manera Escola Valenciana, una entidad privada, pueda "autofinanciar" les festes-trobades per la primavera".
Gascó ha indicado que "el conseller Marzà piensa que puede utilizar a los centros educativos públicos para financiar a Escola Valencia y para ello auspicia introducir circulares en las mochilas de los escolares, firmadas por el equipo directivo con el logotipo de la Generalitat, pidiendo dinero para financiar a Escola Valenciana y realizar iniciativas donde reivindican la construcción dels Països catalans. Piden dinero de manera coercitiva y oficial para acabar organizando actos encubiertos en favor del independentismo con banderas esteladas y utilizando a menores de edad. Esto es ilegal".
La portavoz popular ha manifestado que "el conseller Marzà ha demostrado ignorar la legalidad: piensa que tiene hacer las cosas tanto si son legales como si no. Lo importante para él es lograr sus objetivos a costa de lo que sea, aunque para ello tenga que atropellar derechos. Eso parece no importarle. La legalidad es lo de menos para Marzà".
Beatriz Gascó también ha valorado la creación de la llamada Oficina de Derechos Lingüísticos por parte del Consell. "Este nuevo órgano va a tener potestad para dirigirse a particulares, empresas privadas y organizaciones y poder expedientarlas por vulnerar derechos. Es decir, la nueva Oficina se va a convertir en una Gestapo lingüística con la que poder perseguir a quienes no comulguen con sus ideas y no acaten sus imposiciones lingüísticas. Con esta nueva normativa la Generalitat puede actuar de oficio contra gente privada".
