El GPP denuncia que los partidos del Botànic modifican leyes enteras “a última hora y por la puerta de atrás”
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Eva Ortiz, ha acusado a los partidos del Botànic de intentar rectificar sus propias leyes "a última hora y por la puerta de atrás" como la Ley de Puertos, la de Hacienda o Política Social.
En este sentido, Eva Ortiz ha denunciado que los partidos del Consell han aprobado quitar el límite para contratar personal en la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y les ha acusado de intentar "difuminarlo" para "contratar cómo les dé la gana y a quien les dé la gana".
Ortiz ha criticado que la televisión pública ya tiene transferidas 55 millones de euros y ha recordado que Ximo Puig se comprometió a no inyectarle más dinero a la vez que la Sindicatura de Cuentas alertaba de las posibles contrataciones irregulares de directivos saltándose el procedimiento.
Así, ha indicado que la propuesta presentada sobre la ley de Puertos es "un cambalache que tiene nombre y apellidos, de personas y empresas". Al respecto ha indicado que si hay que hablar de puertos, "no sentamos y lo hablamos" pero no tiene sentido que "defiendan una cosa en el anteproyecto de ley, otra en el proyecto de ley y otra en las enmiendas parciales". Y finalmente, ha denunciado, "lo traemos por la puerta de atrás para decir que es el Consell el que lo va a hacer". Si esto mismo lo llega a hacer el PP, ha afeado, "estarían todos denunciándolo".
En este contexto, ha criticado que lo que más sorprende es la postura del grupo Podemos porque "arma mucho lío, mucho ruido, mucha queja, pero cuando el señor Mata (PSPV) va a buscar a Montiel (Podemos) todo se soluciona".
Respecto a la Ley de Participación del Consell ha señalado que "no se entiende cómo han querido plantear cambios de última hora y sin margen para la discusión, lo que denota la calidad democrática de algunos partidos".
Esta norma, está "congelada con toda la intención, no comprendemos cómo es posible que lleve un año sin tramitarse y ahora aprobemos un enmienda, cuando lo que tendríamos que hacer es entrar en el fondo del asunto". "Necesitamos mejorarla, no tiene sentido que venga a las 10 de la mañana con una enmienda, sin haberse sentado y dialogado, parece poco serio y una vergüenza".
La también secretaria general del PPCV ha desglosado los bloques de enmiendas. "El primer bloque presentado por el GPP pretende acabar con las progresivas subidas de impuestos con las que el Consell de Puig y Oltra ha castigado a los valencianos desde 2015. En relación con el Impuesto de la Renta, Eva Ortiz ha explicado que el GPP quiso "establecer deducciones por nacimiento o adopción de 600 euros si se trata el primer hijo, 750 del segundo y 900 para el tercer y sucesivos hijos".
Sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones el GPP pretendía "volver a la regulación que existía hasta que llegó el Botànic, implantando una bonificación del 99 por cien". "Queríamos restablecer los beneficios fiscales que PSPV y Compromís suprimieron penalizando el ahorro de toda una vida de las familias valencianas. En relación con el Impuesto de Patrimonio el GPP proponía aumentar el mínimo hasta los 700.000 y bonificar el 100% de la cuota. "También proponíamos implantar una escala progresiva en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, para hacerlo más justo y progresivo, así como establecer una bonificación de hasta el 75% en la trasmisión de la totalidad de empresas mientras se mantenga el empleo".
Recuperar controles
La portavoz adjunta del GPP ha explicado que el segundo bloque de enmiendas presentadas por su grupo pretendían recuperar "todos los controles que el Botànic ha suprimido año tras año a través de las sucesivas Leyes de Acompañamiento". "Proponemos también con estas enmiendas una nueva redacción para un artículo que el Titànic ha utilizado de manera perversa: el artículo 98 de la Ley de Hacienda Pública". Al respecto, Eva Ortiz ha explicado que hace dos semanas se publicó en el DOGV el acuerdo del Consell mediante el que se aprobaba sustituir el control previo que la Intervención realiza en la Conselleria de Sanidad por un control posterior.
"PSPV y Compromís no solo han convertido el enriquecimiento injusto en la forma habitual de proceder en la Conselleria de Sanidad, sino que ahora dan un paso más provocando que los funcionarios asuman bajo su responsabilidad personal la imputación de facturas sin contrato firmado, sin procedimiento administrativo alguno y lo que es peor, sin ningún tipo de control previo de la Intervención de la Generalitat".
Además, el GPP pedía recuperar el preceptivo informe de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención para la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones públicas que el Consell suprimió el año pasado. La portavoz adjunta del GPP ha criticado que su grupo "ha tenido que ir a los tribunales para poder fiscalizar la justificación de muchas subvenciones públicas de la Generalitat. Es el momento de acabar con esto y de imponer a la administración la obligación de conservar las facturas que han sido pagadas con dinero público".
