Cullera garantiza la luz y el agua a todas las familias en riesgo de exclusión social
Ninguna familia de Cullera pasará frío este invierno por no poder pagar la luz para encender la estufa ni se quedará sin agua corriente por falta de recursos económicos. El equipo de gobierno local (PSPV-PSOE / Compromís) ha aprobado hoy la adhesión del municipio al plan del Consell para evitar la suspensión del suministro de energía por razones de pobreza energética.
Esto supondrá que ninguna de las unidades familiares en riesgo de exclusión social se queden sin los servicios más básicos «para garantizarles una vida digna», ha explicado el alcalde, Jordi Mayor, «con lo que damos cumplimiento a uno de nuestros principales proyectos de gobierno de crear un plan municipal de lucha contra la pobreza energética».
Aunque hasta ahora desde Servicios Sociales ya se habían venido pagando recibos de consumo eléctrico, el programa autonómico permitirá ampliar la cobertura y propiciará que se liberen recursos de la partida de la citada concejalía que dirige Francesca Ortiz, dinero que podrá ser empleado en otros proyectos de políticas para las personas.
Esta adhesión, sumada al fondo social creado recientemente por la empresa Aigües de Cullera —de la que el consistorio es el accionista mayoritario— a fin de evitar el corte del agua a los usuarios afectados por la crisis que no puedan hacer frente a su pago, supone que Cullera se haya convertido en una «ciudad referente a la hora de garantizar los suministros y derechos básicos a sus ciudadanos», en palabras de Mayor.
«El nuevo gobierno local ha apostado fuerte por las políticas sociales y pese a las enormes dificultades económicas del consistorio por la enorme deuda heredada estamos realizando un enorme esfuerzo para poner a las personas en el centro de nuestras prioridades», ha subrayado el primer edil.
Entre las medidas adoptadas por la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio se encuentra el proyecto de orden para combatir la pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social. Esta iniciativa acordada con las compañías eléctricas será el instrumento a través del cual se materializarán las ayudas públicas para tal fin que deberán ser gestionadas por los ayuntamientos adheridos.
Las políticas sociales han sido una prioridad del gobierno local desde que asumiera la gestión el pasado mes de junio. La primera de las medidas que tomó el ejecutivo fue la apertura del comedor social con el dinero logrado del recorte salarial al aparato político. También este verano se alcanzó un acuerdo verbal con los bancos para evitar desahucios en el municipio y se decidió destinar una importante cuantía económica a la residencia de la Tercera Edad para evitar su cierre y garantizar la continuidad del servicio. El pasado mes de noviembre se aprobó el primer plan de empleo social de la crisis dotado con 300.000 euros y recientemente la población también se ha sumado al programa Xarxa Llibres para garantizar ayudas a la compra de libros de texto a todos los alumnos de Primaria y Secundaria.
