Compromís propone que sean los ciudadanos quienes redacten una ley de control y que auditen a partidos y gobiernos
Morera recuerda que "ni PP ni PSOE han ratificado todavía la convención de la ONU contra la corrupción"
El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, considera que todas las promesas de transparencia y de control que ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “no son creíbles, porque en el País Valencià no han sido capaces de controlar a sus compañeros de partido, que han hecho mucho mal a las arcas públicas valencianas, a la credibilidad de las instituciones y a la democracia y ahora, por mucho que anuncie auditorías internas y externas, no van a solucionar nada porque no saldrá la verdad o lo que pueda salir, estará muy maquillado para salvar a los culpables”.
Según ha declarado Morera, “no nos creemos las propuestas de leyes reduccionistas ni las auditorías que puedan hacer los grandes partidos. Desde Compromís consideramos que hay que dar un paso más adelante y evolucionar, porque los ciudadanos ya no se creen las promesas de los partidos del sistema, que entre unos y otros acaban tapándose sus vergüenzas”.
Por eso, desde la coalición valencianista, progresista y ecologista proponen que sea la sociedad civil la que redacte una ley de transparencia y de control de las administraciones públicas, de los gobiernos y de los partidos políticos y que sean los ciudadanos y las organizaciones no vinculadas a ningún partido ni gobierno las que hagan esa tarea de control, “para evitar que se vuelva a hablar de corrupción en nuestra sociedad, una sociedad que en estos momentos lo que quiere es confianza, trabajo y esfuerzo por parte de los políticos que han sido elegidos por el pueblo para salir de la mala situación actual”, según Morera.
El portavoz de Compromís en el parlamento valenciano ha declarado que no entiende por qué “ni PP ni PSOE han dado pasos adelante para ratificar la convención de la ONU sobre corrupción”. Además, Morera ha añadido que si el presidente del Gobierno quiere ser creíble, “algo que tiene muy difícil, tendría que interesarse por lo que le ha pasado a la ONG internacional Access Info Europe, que ha sido condenada a pagar 3.000 euros de costas por el Tribunal Supremo por el simple hecho de requerir información sobre las medidas adoptadas por España para luchar contra la corrupción. Si a unos ciudadanos independientes se los condena para querer saber o por requerir a un ejecutivo a actuar, no estamos en democracia y vamos por mal camino”.
