Compromis: “El Ministerio de Agricultura dificulta el reparto de alimentos del FEGA"
“La nueva resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente del 25 de febrero de 2015, publicada al BOE el viernes 6 de marzo “supone, más si cabe, la criminalización de las personas que sufren exclusión social y pobreza al territorio español. Con esta resolución, el ministerio establece los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones encargadas del reparto de alimentos provenientes del fondo FEGA (coparticipado entre Unión Europea y Gobierno Español) y estas no podían ser más drásticas”. Según ha declarado hoy la candidata autonómica por las comarcas del norte, Mònica Alvaro.
Así, si hasta ahora las entidades sociales que se dedican altruista y voluntariamente a repartir alimentos entre la población más necesitada, veían como cada vez se complicaba más el papeleo solicitado por el FEGA, con la publicación de esta Resolución corre el grave peligro de que miles de entidades solidarias en todo El Estado Español se queden sin poder suministrar alimentos por culpa de las más que desorbitadas exigencias del Ministerio.
Alvaro ha explicado que “Así la nueva normativa, establece que en 20 días y de cara al próximo reparto de alimentos del 2015, las organizaciones voluntarias de reparto de alimentos tengan que aportar por cada persona a la cual se reparte un lote de comida, , un informe de los servicios sociales públicos o de trabajadores sociales acreditando la situación de exclusión o vulnerabilidad de la persona receptora de los alimentos”.
De este modo organizaciones tan humildes como por ejemplo las Cáritas locales, las asambleas de Cruz Roja local, ManosUnidas y otras asociaciones de voluntarios tendrán que disponer de un informe individualizado por cada uno de los usuarios para continuar haciendo una tarea de la cual no nadie se beneficia económicamente y que permite subsistir a miles de personas a nuestras comarcas.
A fecha de hoy es difícil encontrar un número adecuado de trabajadores sociales contratados por las entidades sociales que actúan a los municipios, y por otro lado, recordamos que la ley 27/2013, de racionalización de la administración pública, aboca a los Servicios Sociales municipales a desaparecer como competencia municipal. Por lo cual, esta justificación que exige el Ministerio a fecha de hoy es inviable, y más teniendo en cuenta que por Ley de Protección de Datos, esta clase de informes deberían de considerarse de primer nivel de protección y se expone a las personas afectadas a una des protección flagrante en su derecho a la intimidad.
“Estamos hablando de ayudar a las personas con alimentos para su supervivencia y en cuenta de facilitar e incrementar programas de ayuda, el Ministerio solamente hace que complicar las cosas y “criminalizar” las personas pobres con una solicitud excesiva de papeleo y requisitos exagerados a cambio de un paquete de lentejas que a menudo los pobres no pueden ni cocer en casa porque no tienen para pagar el gas o la luz”, ha manifestado la candidata autonómica de Compromís.
Desde Compromis se ha remarcado que “vamos a solicitar una política por parte del Ministerio más acorde con la realidad que se vive a nuestros municipios; unos criterios más adecuados y realistas a la vez de comprar los alimentos que tengan en cuenta factores como la pobreza energética y correcta nutrición de las familias y además instaremos a que la contratación de trabajadores y trabajadoras sociales para elaborar informes por parte de las entidades de reparto venga subvencionada por el FEGA tal como establece el propio Reglamento (UE) nº 223/2104. “
