Diumenge 22 de Octubre de 2017

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Política -  cofrentes
25/05/2017 | elperiodic.com  

Se aprueba la moción contra la construcción de un almacén de residuos radioactivos en Cofrentes

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La concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, y el concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, han presentado una moción para oponerse a la construcción de un almacén de residuos radioactivos en la localidad de Cofrentes, así como el cierre de la Central Nuclear para 2021. Dicha moción se ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Popular.

La moción presentada por el Govern de la Nau, defendida por Soriano y Peris, se basa en que la "peligrosidad de las centrales nucleares está fuera de toda duda, así como el riesgo de la construcción de un almacén de residuos". En el caso de que hubiera "una fuga radiactiva importante, afectaría a la salud de millones de valencianos y valencianas, además de contaminar la tierra y arruinar la producción agrícola".

El debate ha comenzado con la intervención de Salvador Moncayo, de la Plataforma Tanquem Cofrents, quien ha reclamado el cierre de la actividad en la central nuclear argumentado que "hay alternativas" y que no sólo lo pide una plataforma, "sino la ciudadanía, y además, otros países europeos, como Bélgica y Suiza, ya están planificando sus alternativas".

Por parte del grupo Ciudadanos, Santiago Benlliure, ha defendido que las políticas energéticas no deben utilizarse como estrategia política y ha pedido también alternativas. "No se puede improvisar en materia energética", ha explicado, si bien reconoce que las energías nucleares se "acercan al final de su vida útil". Así mismo, ha hecho hincapié en que "cualquier decisión debe tener un plan alternativo, que contemple, entre otras cosas, la pérdida de puestos de trabajo".

Por el Grupo Popular, Mª Ángeles Ramón-Llin ha presentado una propuesta que plantea el incremento de las energías renovables y que tiene en cuenta las repercusiones del cierre, principalmente en lo que al empleo se refiere. "Queremos saber sus planes y cuáles serán las consecuencias. No hagan demagogia, sino parques eólicos, porque el acuerdo es inviable aunque se apruebe, a menos que se ofrezcan soluciones". Su propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de Gobierno y la abstención de Ciudadanos.

El concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, ha defendido un "cambio de modelo energético que comprende el cierre de la central y la reconversión laboral". "Se trata –ha explicado Peris- de una moción sobre una central nuclear obsoleta, con una energía obsoleta", y ha recordado que para su cierre tendrá ya 35 años, cuando en Europa se fija en 25 años la vida útil de las centrales.

"Un nuevo modelo energético" ha sido también la reivindicación de la concejala Pilar Soriano. Ha recordado la "peligrosidad de los residuos que genera" y la necesidad de una "revolución energética que pase por reducir las energías no renovables en favor de las renovables". También ha mencionado que en Europa son 25 los años de vida útil, y en España la media es de 30.

EL PLENO, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

Durante la sesión plenaria, se ha aprobado también una moción en defensa de los derechos humanos tanto en Venezuela como en países y estados "donde la violación de los derechos humanos se efectúa de manera flagrante y continuada", tales como Arabia Saudí, Corea del Norte, Irak, Libia o Marruecos. La moción ha sido aprobada por el Equipo de Gobierno, y se han abstenido los grupos Ciudadanos y Popular, que han respaldado la moción inicial planteada por el PP cuyo primer punto coincidía casi literalmente con la alternativa del Gobierno Local. Tal como ha explicado el concejal Ramón Vilar en su defensa de la alternativa, "el maltrato y el sufrimiento, la falta de derechos y de libertades no se acaban, lamentablemente, en Venezuela, y no podemos no mirar a esos otros lugares".

Todos los Grupos Políticos han coincidido en expresar su repulsa ante la situación que vive Venezuela. En la moción aprobada, se exhorta al Gobierno venezolano "a asumir responsabilidades con el fin de lograr el respeto de la democracia y el diálogo entre los poderes del Estado". Asimismo, se insta al Gobierno de Maduro a "que garantice la separación de poderes y el Estado de Derecho, libertades, los principios democráticos y los Derechos Humanos, así como la convocatoria de elecciones previstas por el ordenamiento jurídico y constitucional del país".

Los partidos de la Oposición han criticado la ampliación de la moción a situación de falta de derechos que viven otros países del mundo, pero finalmente, la moción aprobada subraya la situación de otros países y estados fallidos, "tales como Arabia Saudí, que podría simbolizar la absoluta bajeza de trato a las mujeres, así como la utilización legal de castigos corporales y pena de muerte, y la persecución sistemática a las personas de las personas por el mero hecho de su orientación sexual".

EL COLEGIO MAYOR LUIS VIVES

Otro de los puntos a debate en la sesión ha sido el referido al colegio mayor Luis Vives, de la Universitat de València, al respecto del cual el Grupo Popular había planteado instar al Consell a su reapertura como centro cultural de referencia. La propuesta ha contado con el respaldo del Grupo Ciudadanos, pero la concejala de Cultura Glòria Tello, la ha rechazado en virtud del principio de autonomía universitaria, dado que el edificio es propiedad de la Universitat de València. La concejala ha explicado la voluntad de la Universitat de recuperar el edificio "para usos universitarios con actividades abiertas a la sociedad valenciana", y se ha hecho eco de la denuncia de la entidad académica sobre las carencias en materia de financiación por parte del Estado que, son, ha afirmado, las que han impedido la rehabilitación del inmueble.

También se ha abordado en la reunión plenaria de mayo la situación del pabellón polideportivo de Nou Moles, un proyecto con financiación del Plan Confianza cuyas obras están paralizadas a la espera de la auditoría encargada por la Generalitat, que es la entidad competente en su ejecución. La concejala de Deportes, Maite Girau, ha recordado la cronología de los hechos, que arrancan de la legislatura anterior, y que incluyen varias paralizaciones de obras por impagos y desencuentros con la empresa adjudicataria. Pero ha subrayado la voluntad del Gobierno Local de impulsar y colaborar para dar una solución a la situación, una vez concluida la auditoría y el Consell adopte una decisión al respecto.

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