El CECOVA constituye la Comisión de Ética y Deontología para asesorar al colectivo de Enfermería en materia de ética y deontología de la profesión
El órgano de asesoramiento a los colegiados está presidido por la matrona y secretaria del Grupo de Trabajo de Ética Profesional y Deontología del CECOVA, María Isabel Castelló
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) ha constituido la Comisión de Ética y Deontología tal y como consta en el capítulo 3, punto 3.3 del Código de Ética y Deontología de la Enfermería de la Comunidad Valenciana para asesorar al colectivo de Enfermería en materia de ética y deontología de la profesión. El CECOVA cumple así con su compromiso, tras aprobarse el Código Ético de la Enfermería de la Comunidad Valenciana en 2010 y que convirtió a la Comunidad Valenciana en la primera autonomía en contar con una regulación propia y actualizada de la ética y la deontología enfermera.
El órgano asesor previsto en los artículos 42 y 43 del Código Ético está presidido por María Isabel Castelló, matrona del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva y secretaria del Grupo de Ética Profesional y Deontología del CECOVA, que destacó “la importancia de facilitar asesoramiento a los colegios de Enfermería y a sus colegiados sobre las dudas que puedan surgir en materia de ética y deontología en el desarrollo de la profesión tal y como se recoge en nuestro Código”.
El Código Ético establece que la Comisión de Ética y Deontología como órgano colegial de carácter asesor de los colegios de enfermería de la Comunitat Valenciana en materia de ética de la Enfermería, que incluye entre sus funciones la recepción de las consultas relativas a la ética profesional que se le hagan llegar, tanto a título individual como institucional, para que emita recomendaciones al respecto, y la promoción de la formación de las enfermeras que trabajan en la Comunitat Valenciana en el conocimiento y aplicación del Código y de la ética de Enfermería.
Además, también prevé dar a conocer a los pacientes, a los usuarios del sistema de salud y a los ciudadanos en general los principios éticos que rigen la profesión de Enfermería; emitir informes sobre los aspectos éticos de la profesión de Enfermería que se estimen oportunos.
Del mismo modo, la Comisión de Ética y Deontología también es la encargada de mantener y fomentar los contactos con órganos análogos de otras comunidades autónomas, países u organizaciones internacionales; y, finalmente, de revisar cada cinco años el contenido de este código de modo que, conservando los principios de la ética enfermera, atienda los desafíos que continuamente plantean los avances científicos en la atención sanitaria.
Componentes de la Comisión de Ética y Deontología
Además de Castelló, la Comisión de Ética y Deontología también está compuesta por María Eugenia Gordo, enfermera de la UCI del Hospital de La Plana de Vila-real (Castellón) y coordinadora del Grupo de Trabajo de Ética Profesional y Deontología del CECOVA; Elena Ferrer, supervisora de Docencia del Departamento de Salud de Elda (Alicante) y presidenta del Comité de Bioética Asistencial (CBA) del mismo Departamento; Vicente Bellver, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia; María Eugenia Trigoso, enfermera del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital La Fe de Valencia; Vicente Sanchis-Bayarri, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Padre Jofré de Valencia; África Camilleri, subdirectora de Enfermería del Área Quirúrgica y Críticos del Departamento de Salud Valencia-La Fe; José Pascual Fernández, abogado del Colegio de Enfermería de Castellón y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valencia; Antonio Hernández, coordinador de la UHD-UCPA del Hospital General de Elda; y Núria Mira-Marcelí, enfermera del Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) del Departamento de Salud de Elda.
El primer informe de la Comisión, realizado a petición del Comité Ejecutivo del CECOVA, analiza el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que retira la condición de asegurado a determinados colectivos entre los que se hallan los inmigrantes irregulares o ‘sin papeles y, por tanto, genera un grave conflicto ético al colectivo sanitario.
El informe reconoce que “la actual situación de crisis económica es muy grave y resulta necesario establecer medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario público”, pero, sin embargo, considera que “el principio de justicia obliga al reparto equitativo de los recursos y a no perjudicar desproporcionadamente a los colectivos más desfavorecidos o vulnerables” y advierte de que “con la aplicación del Real Decreto-Ley estos colectivos serían los más perjudicados al quedar excluidos de la asistencia sanitaria”.
Por ello, el informe propone “la inmediata modificación del Real Decreto-Ley para volver a la anterior situación de asistencia sanitaria universal sin discriminación por cuestiones administrativas” y sugiere que “para lograr la necesaria sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se pueden tomar otras medidas no discriminatorias”.
