R. Ceballos: “El Gobierno Central debe solicitar a la Unión Europea una ampliación de los límites de las ayudas al cooperativismo”

El director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, Román Ceballos, ha afirmado que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, “debe solicitar a la Unión Europea una ampliación de los límites de las ayudas al cooperativismo, de forma que cualquier tipo de cooperativa pueda tener acceso a las ayudas públicas de las distintas administraciones sin ningún tipo de exclusión”.

Román Ceballos ha realizado estas declaraciones durante la clausura de las jornadas sobre La Situación Actual y los Nuevos Retos de la Tributación de Cooperativas en España, organizadas por el Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo (IUDESCOOP).

Durante su intervención, el director general ha destacado que las ayudas concedidas por las administraciones autonómicas a cooperativas y sociedades laborales “están sujetas a limitaciones que podrían superarse mediante un programa de ayudas del Estado autorizado por la Unión Europea.”

Según Román Ceballos esta autorización “podría ampliar de forma considerable el alcance y cuantía de las ayudas al cooperativismo y la economía social, para tratar así de generar un nuevo elemento que facilite el crecimiento económico y la creación del empleo ante la actual coyuntura”.

La principal limitación es que las ayudas a las empresas de economía social están sometidas, por decisión del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a la llamada ‘regla de mínimis’, que establece un límite máximo de 200.000 euros para todas las ayudas que se concedan a una misma empresa durante tres ejercicios consecutivos y que, para algunos sectores económicos, disminuye dicha cifra máxima, como en el sector del transporte o, incluso, excluye la posibilidad de concesión de ayudas a las empresas que realicen determinadas actividades vinculadas a la producción primaria agrícola o ganadera.

Dicha limitación, según ha explicado el director general, quedó establecida en el año 2005 cuando el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales publicó una Orden Ministerial de 2005, por la cual, las entidades y empresas de economía social quedaban reguladas por esta ‘regla de mínimis’.

En su lugar, el director general reclama que “se solicite y obtenga de la Unión Europea una autorización expresa para el régimen de ayudas a las cooperativas y sociedades laborales, que es una vía más larga y trabajosa, pero que cuenta con la indudable ventaja de no venir limitada a cifras tan reducidas ni excluye a un sector de actividad tan generador de empleo como lo es el cooperativismo agrario valenciano”.

“Desde el Consell de la Generalitat, a través de la dirección general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, -ha señalado Ceballos-, siempre nos hemos opuesto a esta limitación, y hemos pedido que se solicite la exención a la Unión Europea, ya que las principales cooperativas valencianas, a pesar de generar constantemente nuevos empleos, por su tamaño o por realizar actividad agraria no pueden solicitar ningún tipo de ayuda pública por el empleo generado”.

Reforma fiscal

Por otra parte, el director general ha defendido la importancia de que desde el Gobierno Central se impulse una reforma de la Ley 20/1990, de Régimen Fiscal de las Cooperativas, para que éstas sigan teniendo un tratamiento fiscal específico que reconozca con un adecuado diferencial fiscal la contribución de estas empresas al desarrollo económico y a la cohesión social.”

En este sentido, Román Ceballos ha reiterado que dicha norma ha perdido eficacia, ya que las reformas fiscales realizadas en España en los últimos años “han eliminado buena parte de las ventajas y tratamiento diferencial que hacían más atractivas las cooperativas desde el punto de vista fiscal.”