CCOO exige al gobierno que asuma el coste del combustible del servicio postal público en el ámbito rural
Cerca de 8.000 carteros rurales abonan el 10% de su nómina, unos 130 € mensuales, para financiar un servicio público del que el Gobierno sólo asume un 20% de su coste real (44 de los 250 millones de coste estimados).
El 90% de la plantilla rural ha respaldado con sus firmas las demandas que CCOO ha llevado al Parlamento.
Pese a las dificultades, los cerca de 8.000 carteros rurales pertenecientes a la plantilla de Correos, hacen posible que el servicio llegue a los ciudadanos. Para ello recorren kilómetros diarios con la particularidad de que son los propios trabajadores quienes tienen que aportar vehículo y combustible, percibiendo por ello un complemento salarial que se está viendo claramente superado por la escalada continuada de precios.
Pese a las mejoras incorporadas en el reciente Convenio y Acuerdo laboral suscrito por CCOO el 5 de abril, con un incremento del 2,3% en dichos complementos, el sindicato mayoritario en el operador postal público considera estos progresos insuficientes para solucionar un conflicto que supera el ámbito del Convenio Colectivo y debe enmarcarse en un debate político sobre el sistema de financiación del Servicio Postal Universal, aplazado por el Gobierno durante años y aún sin despejar pese a la nueva Ley Postal que no aporta solución alguna a este elemento central del servicio postal público. Para CCOO, esta situación se traduce en que son los propios carteros rurales quienes están asumiendo con el 10% de sus nóminas, unos 130 € mensuales, la prestación de un servicio público que el Gobierno se niega a financiar.
El sindicato recuerda que todo ello es consecuencia de la falta de financiación auspiciada por la reciente Ley Postal, aprobada en enero pese al rechazo sindical y que provocó el mayor proceso de movilización laboral de Correos en los últimos años. Y es que si el propio Gobierno situaba el coste del Servicio Postal Universal en 250 millones de euros, en 2011 sólo ha destinado a su financiación 44 millones, dejando sin cobertura financiera un diferencial de cerca de 200 millones de euros cuyas consecuencias se están haciendo notar, en los bolsillos de la plantilla y en la propia prestación del servicio.
CCOO lleva más de 7.000 firmas de carteros rurales al Congreso de los Diputados
Ante esta situación, CCOO inició en marzo una campaña de denuncia, con iniciativas parlamentarias, que han respaldado con su firma la práctica totalidad de los cerca de 8.000 carteros rurales de Correos, firmas que el sindicato ha entregado a los diferentes Grupos Políticos para que, mediante las iniciativas legislativas oportunas, se activen los mecanismos de financiación pública que el Gobierno ha estado retrasando durante los últimos años y cuyas consecuencias están repercutiendo negativamente en los ciudadanos y los trabajadores.
