El PSPV denuncia que una revista taurina en la que Moliner es redactor se distribuye con franqueo municipal

El grupo municipal socialista de Castellón preguntará mañana al equipo de gobierno en las comisiones informativas las razones por las que la revista de una peña taurina de la que es redactor el vicealcalde, Javier Moliner, ha sido distribuida con sobres oficiales del Ayuntamiento y con franqueo municipal. La publicación, que recibe el nombre de La Puntilla, igual que la asociación que la edita, es enviada a centenares de aficionados taurinos y organismos culturales de la capital.

“Javier Moliner se ha pensado que el Ayuntamiento de Castellón es su cortijo y que puede torearnos a todos los castellonenses. Cree que puede utilizar el supercoche oficial para acudir a actos del Partido Popular por toda la provincia, cree que puede pagarse comilonas en Cuenca con el dinero de todos los castellonenes y, encima, cree que tenemos que pagarle las aficiones personales”, dice el concejal socialista Juli Domingo.

Domingo critica el “uso arbitrario” que el equipo de gobierno municipal del PP hace de los recursos públicos: “Ni Alberto Fabra ni Javier Moliner tienen claro todavía cuál debe ser el comportamiento institucional más ético y más honroso de un servidor público, porque la lección que están aprendiendo de sus líderes provincial y regional es que todo vale para sobrevivir en política”.

“Las acusaciones de tráfico de influencia y de cohecho que se les imputan a Carlos Fabra y a Francisco Camps están convirtiéndose en un perverso modelo de comportamiento para la nueva generación de dirigentes conservadores”, argumenta Juli Domingo. El edil del PSPV reprueba este comportamiento político y exige al alcalde que adopte medidas para que esas conductas “maliciosas”no se trasladen a la gestión municipal.

Domingo recuerda que el vicealcalde aún no ha aclarado el presunto trato de favor que dio a la empresa BR Consulaudit, administrada por un familiar suyo y también miembro de esta asociación taurina, a la que se pagaron más de 100.000 euros al margen de cualquier concurso público por el asesoramiento para lograr una subvención de fondos de la Unión Europea. Un informe del interventor municipal advirtió en su momento que no existía expediente de contratación.