El portavoz de Educación del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Pep Lluís Grau, ha resaltado la apuesta de la oposición por elaborar una ordenanza municipal para regular las obras en las inmediaciones de los centros escolares. “No queremos que se repita la situación de angustia a la que han estado sometidos los padres y vecinos del colegio Herrero durante los últimos meses”, apunta.

Para el concejal socialista, la capital de la Plana no puede consentir la “inacción” del equipo de gobierno, que “para solucionar un problema concreto, como el de la grúa, ha tardado unos tres meses en dar respuesta a la demanda de los padres y vecinos”. Una actuación que, además, no ha sido consensuada con los residentes en la calle Fola. “Lo único que se han hecho es trasladar el problema de un lado a otro y no buscar una solución definitiva a la seguridad de los estudiantes y también de los vecinos”.

Por este motivo, y viendo el “despropósito” popular a la hora de dar alternativas para solucionar los problemas y aumentar la calidad de vida de los castellonenses, el PSPV propone “la elaboración de una normativa municipal específica para que haya un criterio técnico en el que basarse a la hora de atender esta sensibilidad social de seguridad y que no sea la desidia del PP la que marque lo que se tiene que hacer”.

Pep Lluís Grau ha explicado que en la Comisión de Estudio de la Ciudad del pasado lunes, el PSPV presentó una propuesta de ordenanza para que se inicie el estudio de la ordenanza y puedan plantearse las aportaciones que crea oportunas “emplazando al PP a que empiece a trabajar sobre el texto y se pronuncie sobre la elaboración de la nueva norma”. “Hasta el momento, el equipo de gobierno se ha pronunciado”.

La ordenanza cuenta con nueve artículos en los que se desarrollan las medidas concretas que deben adoptar las obras situadas a menos de 200 metros de colegios, tanto si son de nueva edificación como si se trata de derribos u obras de urbanización. Entre las medidas que cabría adoptar en estos casos, destaca la de prohibir la circulación de materiales y cargas suspendidas en el entorno de los centros, con especial mención de las zonas de patios, comedores y aulas.

Grau defiende el “rigor” de la norma para evitar la peligrosidad sobre los “puntos sensibles” de la ciudad. Por ello, mantiene que la futura ordenanza debería contar con una supervisión permanente por parte de la inspección municipal. Los técnicos de la Administración local deberán comprobar la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, el correcto ejercicio de los derechos de ocupación de acuerdo con la licencia de obras y el estado de conservación de las obras e instalaciones de su entorno. También se definirá el régimen sancionador para las empresas que vulneren la ordenanza.